El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha reclamado al Ministerio de Asuntos Exteriores el nombramiento de un responsable con “una presencia permanente” en la comarca del Campo de Gibraltar, con el fin de asegurar un seguimiento “cercano y continuo” del futuro tratado sobre la colonia británica.
Según una nota difundida por el Ayuntamiento, Landaluce ha resaltado la necesidad de contar con una interlocución “directa, estable y constante” sobre el terreno, en un momento “clave” en el que se perfilan los términos de un acuerdo que “tendrá una incidencia directa en la vida diaria de miles de ciudadanos de la zona, así como en el desarrollo económico y social del entorno”.
El regidor ha incidido en que el objetivo no es únicamente cerrar un pacto, sino también “velar por su cumplimiento, su evolución y su correcta aplicación”, algo que, a su juicio, exige “una supervisión permanente y una presencia institucional activa en la comarca”.
Landaluce ha rememorado que esta figura de enlace ya operó en el pasado, desempeñando “un papel fundamental” como nexo entre el Gobierno de España y la realidad del Campo de Gibraltar, lo que permitió afrontar “con mayor eficacia” los asuntos vinculados a la relación con el Peñón.
“El Gobierno de Pedro Sánchez anuló esa figura y nosotros exigimos que la presencia del Campo de Gibraltar sea permanente”, ha afirmado, calificando de “imprescindible” la recuperación de esa representación estable y reiterando que el Campo de Gibraltar “no puede quedar al margen de las decisiones que le afectan directamente” y que necesita cauces ágiles de comunicación y defensa de sus intereses.
Por ello, ha demandado que se restituya la figura del responsable de Exteriores con presencia fija en el Campo de Gibraltar y ha pedido que el ministro José Manuel Albares “no siga por esta política de dejar de lado la importancia que tiene el Campo de Gibraltar”.
Para finalizar, Landaluce ha reafirmado su compromiso con la defensa de la comarca y ha llamado a la cooperación entre administraciones para que cualquier acuerdo se traduzca en beneficios tangibles para la ciudadanía.