La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideró este lunes "incomprensible" que la resolución judicial que ratifica que el Pazo de Meirás es de titularidad estatal incluya también el derecho de los descendientes del dictador Francisco Franco a percibir una compensación económica.
Ante este escenario, avanzó que el BNG registrará una declaración institucional en el próximo pleno para que el Parlamento de Galicia "diga alto y claro que hubo mala fe en la ocupación por parte de los Franco".
Pontón manifestó el "orgullo" de su organización por la existencia de una sentencia firme que, a su entender, respalda una reivindicación mantenida durante años por el nacionalismo gallego y distintos colectivos sociales: que el pazo pertenecía al pueblo gallego y que la familia Franco lo ocupaba "de manera ilegítima".
Desde la perspectiva de la dirigente del Bloque Nacionalista Galego, debería ser la familia Franco quien compensase a la sociedad gallega por haber explotado el inmueble "de manera ilegítima e ilegal durante décadas".
La líder nacionalista vinculó además la situación actual con decisiones previas del Partido Popular y, en concreto, con la etapa en la que Alberto Núñez Feijóo presidió la Xunta de Galicia.
Según recordó, un informe elaborado cuando Feijóo estaba al frente del Gobierno gallego sostenía la existencia de "buena fe" en la posesión del pazo por parte de la familia Franco y subrayaba que durante décadas no se había reclamado la titularidad pública del inmueble.
En este contexto, el BNG defiende mantener la "batalla política y jurídica" con el fin de impedir que se abone cualquier tipo de indemnización a los herederos del dictador.
En esta línea, Pontón reiteró que su grupo impulsará una declaración institucional en la Cámara gallega para que el Parlamento deje claro que la ocupación del Pazo por parte de los Franco se "produjo de mala fe".
La portavoz nacionalista, que realizó estas afirmaciones durante un acto oficial del BNG en Pontevedra, subrayó que la meta última pasa no solo por afianzar la recuperación pública del Pazo de Meirás, sino también por evitar que recursos públicos se destinen a resarcir a quienes, a su juicio, "usurparon durante años" un bien que considera parte del patrimonio de la ciudadanía gallega.