Los actuales máximos responsables del Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, aparecen incluidos entre las siete personas señaladas como responsables políticas en el borrador del dictamen elaborado por la presidencia de la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que indaga el accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos graves hace algo más de un año.
Las conclusiones preliminares del documento fueron dadas a conocer en una rueda de prensa en el Parlamento asturiano por la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que estuvo acompañada por Laura Tuero, miembro de su equipo.
El texto sitúa tanto a Fernández como a Roqueñí como responsables políticos de lo sucedido por su etapa al frente de la consejería asturiana con competencias en el servicio de Minas. En esa misma área también ejerció Belarmina Díaz, que igualmente figura entre los señalados y que presentó su dimisión pocos días después del siniestro.
El dictamen apunta otras responsabilidades personales, como la del exconsejero Isaac Pola, que fue director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) entre 2020 y 2023 y viceconsejero de la consejería competente entre 2023 y 2025. En la actualidad desempeña el cargo de asesor técnico en el área de Crecimiento e Inversión de la Agencia Sekuens.
La relación de altos cargos se completa con Alberto Quirino (jefe de Sección), Santiago Berjano (jefe de Servicio) y Gonzalo Martín (secretario general técnico). “Deben ser cesados de los puestos que ocupan”, ha señalado Tomé sobre las siete personas que el borrador recoge como responsables políticos.
Según recoge el documento, la causa “inmediata y directa” del accidente fue la realización de labores extractivas clandestinas en condiciones incompatibles con la seguridad minera, sin ventilación reglamentaria ni un circuito de evacuación adecuado. La comisión parlamentaria de investigación pretende analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades derivadas de la actuación del Gobierno en los últimos años que desembocaron en el siniestro del 31 de marzo de 2025.
En esta línea, el texto concluye que la Administración minera no provocó de forma directa el accidente, pero “incurrió en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que favorecieron un contexto de riesgo no corregido”.
Respecto a Nieves Roqueñí, consejera entre agosto de 2023 y 2025, el borrador subraya que era la titular del departamento competente en industria y minería hasta poco antes de producirse el accidente. Previamente había sido viceconsejera en la misma Consejería entre 2019 y 2023, ocupando ese cargo cuando tuvo lugar el accidente de 2022.
El dictamen detalla que Roqueñí asumía la responsabilidad política y administrativa superior derivada de su posición como máxima autoridad del departamento al que estaban adscritos los órganos encargados de la autorización, supervisión e inspección minera.
Se le atribuye responsabilidad, en primer término, por no haber ejercido una supervisión política reforzada sobre un expediente en el que ya se había producido un accidente mortal previo, el relativo a la explotación minera de Cerredo en 2022.
Además, se indica que desde su Consejería no se promovió ninguna auditoría sobre la adecuación del marco autorizatorio de la explotación, pese a la relevancia y sensibilidad del caso, ni sobre la figura del proyecto de investigación complementaria (PIC) y su falta de regulación específica.
El texto añade que también resulta responsable por mantener durante su mandato una estructura organizativa e inspectora insuficiente para garantizar un control adecuado de las actividades mineras, sin impulsar las reformas estructurales necesarias para reforzar la capacidad inspectora, técnica y preventiva de la Administración autonómica.
En relación con Enrique Fernández Rodríguez, consejero competente en materia de minas entre julio de 2019 y agosto de 2023, el borrador recuerda que era el titular de la Consejería de industria y minería cuando se produjo el accidente de 2022 y se mantuvo en el cargo hasta agosto de 2023. “Por tanto, las responsabilidades señaladas para doña Nieves Roquerí Gutiérrez son también trasladables a figura”, se afirma en el documento.
Sobre la ya dimitida Belarmina Díaz, directora general en materia de minas entre 2017 y 2019 y consejera en el momento del accidente, se indica que firmó cuatro resoluciones de enorme relevancia para el caso: la autorización del proyecto de abandono de las obras, la autorización de la transmisión a Combayl, la transmisión a Blue Solving “sin acreditación de solvencia técnica y económica del cesionario y sin motivación en los fudnamentos jurídicos” y la resolución que aprueba el PIC “sin amparo normativo expreso”.
El dictamen concluye que Díaz incurrió en responsabilidad por autorizar resoluciones que posibilitaron “la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera” y por “haber otorgado transmisiones concesiones sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada de la adecuación material de tales actos al marco juridico aplicable ni a la situación real de la explotación”, entre otros aspectos.
En cuanto a Isaac Pola, el borrador hace referencia a su dependencia funcional directa respecto de la Dirección General competente en minería y sostiene que ostenta una responsabilidad política-operativa especialmente cualificada, derivada de su posición de supervisión directa sobre la estructura administrativa encargada de la tramitación, control y seguimiento de los expedientes mineros.
“Por tanto, se aprecia que incurrió en responsabilidad, en primer lugar, por no haber ejercido una fiscalización reforzada y efectiva sobre la actuación de la Dirección General competente en materia minera, pese a que el asunto de Cerredo se tratase de un expediente de extraordinaria sensibilidad técnica, jurídica y material. Asimismo, también ha contribuido institucionalmente al aval, consolidación o tolerancia administrativa de la figura del PIC como instrumento habilitante, sin promover una revisión jurídica o técnica de su adecuación normativa y material. Del mismo modo, también resulta responsable de las mismas cuestiones imputadas a su Consejera”, señala el borrador.
El documento incluye además referencias a responsabilidades institucionales de la Administración del Principado de Asturias y formula recomendaciones, entre ellas la concesión de anticipos de indemnizaciones a las víctimas y sus familiares.
Desde ahora se abre un plazo de diez días para que los distintos grupos parlamentarios asturianos registren sus propuestas de modificación al dictamen. Posteriormente serán debatidas y podrán incorporarse o no al texto final. La previsión es que el dictamen definitivo quede aprobado a finales de mayo, con la posibilidad de que se presenten votos particulares.
Covadonga Tomé ha explicado que la redacción del dictamen fue “muy laborioso” y que durante el proceso no han faltado “tensiones y presiones”. También ha criticado que la documentación solicitada por la comisión de investigación les fue remitida de forma “absolutamente desordenada”.
Tomé se ha referido igualmente al reciente informe de la Inspección General de Servicios sobre el servicio de Minas. “Coincidimos bastante con el análisis de ese informe tan exhaustivo, aunque un poco descafeinado en cuanto a las consideraciones finales y en cuanto a las propuestas”, ha apuntado.