No bastó el consenso que suscita entre los dos grandes partidos, ni que esta vez fuese el PNV quien defendiera la iniciativa. La reforma de la Ley del Suelo volvió a caer a la primera en el Congreso.
La proposición de ley pactada por PSOE y PNV, la misma que el Gobierno retiró en mayo de 2024 a excepción de unas correcciones de carácter competencial, no superó su votación de admisión a trámite, y fue rechazada por PP, Sumar, ERC, Bildu y Podemos.
Proposición de ley de reforma de la Ley del Suelo (votación de admisión a trámite)
Votos a favor: PSOE, PNV, Coalición Canaria, UPN.
Votos en contra: PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, Podemos.
Abstenciones: Vox, BNG.
Los partidos de izquierda cargaron contra las limitaciones que plantea la ley a la acción popular para recurrir los planes urbanísticos y los ‘populares’ emplazaron al PSOE a facilitar la tramitación de su propuesta registrada en el Senado.
Y es que los de Alberto Núñez Feijóo esperan el visto bueno del Gobierno para tramitar su propia reforma, con capítulos prácticamente idénticos para evitar nulidades en cascada de los planes y permitir la subsanación de vicios.
Tal y como defendió su diputado Miguel Ángel Sastre, su propuesta amplía el alcance de la reforma para agilizar tramitaciones urbanísticas, lleva los cambios a la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y trata de derogar aspectos de la Ley de Vivienda, como la regulación de precios del alquiler.
Sastre justificó su rechazo a una propuesta por ser “una mala copia” de la propuesta que llegó a impulsar hace siete años el último Gobierno de Mariano Rajoy, “insuficiente y superficial”, y que sólo afectaría al 10% de los planes, ya que su propuesta también cubre a todo plan recurrido y anulado cuando la sentencia no es firme.
“No cabe quejarse, denunciar inacción y, cuando se tiene la oportunidad, no actuar”, censuró Maribel Vaquero, portavoz de Vivienda del PNV, que acusó a los ‘populares’ de “oportunismo político” por rechazar una propuesta cuando la suya, “muy similar” es “idéntica en algún párrafo”.
Rafaela Romero, del PSOE, lamentó que el PP se decantara por “dejar tirados a alcaldes y alcaldesas” y a la propia Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que presiden los ‘populares’ y que demanda la reforma.
La reforma cayó, al igual que cayó la primera, por depender del PP ante la falta de apoyo de los socios a la izquierda del Gobierno, e incluso dentro del propio Ejecutivo. Sumar, ERC, Podemos y Bildu centraron sus críticas en las limitaciones que plantea la reforma para poder recurrir los planes.
“Con esta ley, hurtando la acción popular, se toma bando por Goliat y se quita la honda a David”, clamó Alberto Ibáñez, de Sumar, mientras Etna Estrems, de ERC, criticó que se rebajaran garantías ciudadanas para recurrir proyectos urbanísticos.
Asumiendo las diferencias que le separan de la propuesta, Oskar Matute, de Bildu, reveló que había mostrado disposición a pactar asuntos técnicos durante la tramitación, pero que ni PSOE ni PNV aceptaron una propuesta para elevar hasta el 20% el porcentaje mínimo, sin perjuicio de que cada comunidad lo elevara, de reserva para vivienda protegida en cada aprovechamiento.
Capote inesperado, e insuficiente, fue el recibido por Vox, que se mostró abierto a tramitar y negociar una iniciativa a la que su diputado Carlos Hernández Quero dio incluso la bienvenida. Advirtió, entre murmullos en el hemiciclo por descubrirse este posible e inesperado aliado, que los esfuerzos serían inútiles de no complementarse con una modificación sobre la densidad en los planeamientos urbanísticos, más agilidades burocráticas y en la transformación del suelo. Finalmente, Vox se abstuvo.