QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
“La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Esta era la respuesta habitual de la Mesa de la Cámara Alta cuando alguna de sus Señorías registraba una iniciativa relacionada con el control y la transparencia de las actividades de Juan Carlos I. Sin embargo, en los últimos días, el máximo órgano ha admitido a trámite una propuesta de Sumar “sobre las cantidades de dinero púbico para silenciar relaciones sentimentales” del emérito.
Enrique Santiago, portavoz de la formación de Yolanda Díaz en la conocida como Comisión de Secretos Oficiales, solicitó al Congreso la comparecencia ante este órgano de la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia para informar sobre los fondos públicos, uso concreto y motivaciones, dedicados a la vida personal de Juan Carlos I.
No es nuevo en el Congreso que los distintos grupos parlamentarios registren iniciativas encaminadas a esclarecer ciertos aspectos de la vida del monarca. La noticia se encuentra en que, esta vez, la respuesta permita continuar con la tramitación del documento.
El texto remitido por el secretario general de la Cámara, al que ha tenido acceso Demócrata, refleja que ahora la petición será trasladada «a la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, comunicándolo al Gobierno, a los Sres. Diputados miembros de dicha Comisión y a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General”.
De hecho, el diputado de IU Ricardo Sixto planteó en 2017 una pregunta escrita al Gobierno en términos muy similares a los expuestos por Enrique Santiago. «¿Tiene constancia el Gobierno de que entre 1996 y 1997 se utilizaron fondos reservados para comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey don Juan Carlos?». Entonces desde la Mesa se argumentó que los temas relacionados con fondos reservados debían ser tratados por la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados.
En la actual legislatura Compromís formuló una pregunta al Ejecutivo encaminada a conocer el gasto de dinero “para silenciar la vida privada” del monarca. La iniciativa se bloqueó apoyándose en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
Por ello, Santiago ha tomado nota y ha solicitado directamente la puesta en marcha de la Comisión de Secretos Oficiales para que sea Esperanza Casteleiro, directora del CNI, la que informe acerca de estas cuestiones al órgano.
Encaje constitucional
En conversación con Demócrata, la experta en Derecho Constitucional y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, María Garrote, reconoce que el paso dado por la Mesa del Congreso no llega a ser del todo novedoso. “El órgano de dirección de la Cámara no se puede negar a la comparecencia de un empleado público. Los altos cargos del Ejecutivo, como en este caso la directora del CNI, deben responder ante los parlamentarios”, afirma.
Entra dentro de la absoluta normalidad y más aún en la comisión competente
Ante una comparecencia de Casteleiro de la que se puedan extraer escasas conclusiones sobre el motivo de la investigación, Garrote señala que la Mesa “no puede entrar a analizar si la comparecencia será relevante, sí que puede deliberar si entra dentro de las competencias del compareciente el motivo de la solicitud. En este caso parece que sí que es competencia de la directora al ser dinero público”.
Lo de palacio va despacio
Cierto es que la formación valencianista, integrada ahora en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, acumula ya diferentes solicitudes relacionadas con la transparencia de la Casa Real.
Por ejemplo, en 2018 Compromís registró una proposición de ley encaminada a aumentar la transparencia de la Casa del Rey permitiendo a las Cortes fiscalizar las cuentas del monarca y su familia. Lo que se venía a reclamar es que Zarzuela presentase una declaración de bienes y actividades parecidas como hacen sus señorías.
Como ha sucedido con otras iniciativas relacionadas con el control sobre la monarquía, la Mesa no admitió a trámite la proposición tras un informe de los letrados en el que se exponía que el titular de la Jefatura del Estado no puede ser sometido a examen por parte de Las Cortes. “Las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes”.
En aquel momento, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, que no fue admitido por un “defecto de forma” ya que argumentaba que los diputados naranjas no tenían legitimidad para recurrir porque la autoría de la iniciativa era del Grupo Mixto.
Comisiones de investigación
Más allá del control directo, también se registró la solicitud de creación de una Comisión de Investigación en la Cámara Baja para analizar la construcción del AVE a la Meca. La petición contó con el apoyo de Esquerra Republicana, Junts, PNV, Podemos, Más País y BNG. El objetivo era “determinar la concurrencia de responsabilidades civiles, éticas y políticas”, sin embargo, PSOE, PP y Vox frenaron la iniciativa en la Mesa porque “no cabía constitucionalmente”.
Los letrados de las Cortes apuntaron en un informe a que “las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes”.
