El hemiciclo se ha teñido de verde para tomar en consideración la iniciativa del PSOE para obligar a las empresas a informar durante tres meses de manera clara si recurren a la reduflación. A pesar de las críticas vertidas por el Partido Popular y otros matices proferidos por los partidos independentistas tanto catalanes como vascos, el único que se ha opuesto a la hora de votar ha sido Vox. El resto, todos a favor.
¿Qué es la reduflación?
El concepto de reduflación se le atribuye a la economista estadounidense de origen británico Philippa ‘Pippa’ Malmgren, experta en geopolítica y economía tecnológica. Se conoce también como “inflación invisible” y consiste en reducir la cantidad de producto que se vende al consumidor manteniendo (o incluso elevando, en algunos casos) su precio.
Como ejemplo de esta práctica, destacan las bolsas de patatas fritas o de galletas que han reducido los gramos que contienen; el grosor de las tabletas de chocolate, cada vez más finas: o la comercialización de huevos en decenas en lugar de docenas.
Críticas por el momento
Si bien todas las bancadas, a excepción de la comandada por Santiago Abascal, coincidían en la necesidad de regular la reduflación, los representantes de cada una de ellas han vertido algunas críticas.
Silverio Argüelles, del PP, ha lamentado que la reduflación “no es un fenómeno aislado”, sino el resultado de “una política económica fallida que ha reducido el poder adquisitivo de las familias”.
Por parte de Sumar, Félix Alonso ha lamentado que la iniciativa llega “un poco tarde” y exige más ambición. A su juicio, la empresa o la comercializadora deberían estar incluso obligados a modificar la imagen del envoltorio, cambiar los colores o, si es posible, que se dispongan “luces fluorescentes” y carteles como “cuando se promocionan las ofertas y rebajas”.
Idoia Sagastizabal, del PNV, ha manifestado su sorpresa por el momento escogido, puesto que se podría haber abordado la cuestión durante la etapa inflacionista, y ahora que se está estabilizando la situación.
El diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo ha puesto el foco en que “las grandes empresas de elaboración y distribución agroalimentarias están desbocadas” y hay que responder ante este tipo de prácticas.
Por su parte, Jordi Salvador, de ERC, ha abundado en que, si bien se trata de una propuesta positiva que se ha de combatir, hay otras cuestiones mucho más importantes que requieren de más atención, como el aumento del salario mínimo.
Del lado de Junts, Josep María Cruset ha criticado tales prácticas, pero enmarcándolas en el imaginario colectivo “de un estilo de vida asociado a la idiosincrasia española”.
La propuesta
El PSOE plantea modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para establecer que, cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una cantidad nominal constante, se deba informar de forma clara y comprensible a las personas consumidoras siempre que se reduzca dicha cantidad y esta se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar diseño en su envase.
Este deber de información se considerará cumplido cuando se indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la cantidad envasada y el aumento de precio en consecuencia durante un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características.
Los socialistas argumentan que, si bien la normativa actual ya establece la información necesaria a facilitar al consumidor, entre otras, su precio; la forma de presentar los productos no puede dar lugar a equívoco. La ley vigente no regula la información sobre la reduflación, por lo que consideran que en algunos casos las empresas se pueden aprovechar de la tendencia por parte de los consumidores a utilizar como referencia el precio y no el peso o su cantidad.