El Senado acogerá esta semana un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Será la primera vez que se encuentren tras la presentación de Alberto Núñez Feijóo del plan de «calidad institucional» de su partido. Entre las medidas más destacadas incluye garantizar que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada.
Pero no es la primera vez que el Partido Popular propone reformar la LOREG para los ayuntamientos con el fin de que sea elegido alcalde el candidato con mayor porcentaje de voto. Ya lo hizo a través de una proposición de ley a finales de 2018 que fue rechazada por la mayoría de la cámara.
La entonces diputada, ahora senadora, y exalcaldesa de Huesca (2011-2015), Ana Alós, fue la encargada de defender esta iniciativa. Según explicó, el PP que tuvo mayoría absoluta en la anterior Legislatura renunció a aprobar una modificación de estas características en solitario «porque siempre hemos entendido que esta reforma debe aprobarse con un consenso cercano a la unanimidad».
La falta de acuerdo quedó patente en la votación: 138 votos a favor, 179 en contra y 30 abstenciones, según recoge el Diario de Sesiones. Se rechazó, entre otros, con los votos de PSOE, UP, PNV y ERC. La proposición en cuestión planteaba un sistema de doble vuelta con tres escenarios posibles:
- Si una candidatura obtenía más 35% de los votos emitidos y superaba por más de cinco puntos a la siguiente opción obtendría automáticamente la mitad más uno de los concejales en el ayuntamiento.
- Si una candidatura obtenía más del 30% de los votos emitidos y superaba por más de diez puntos la siguiente opción obtendría automáticamente la mitad más uno de los concejales en el ayuntamiento.
- Si no se cumpliese ninguno de los dos anteriores escenarios, se recurriría una segunda convocatoria de elecciones, a la que solo podrían concurrir aquellas opciones políticas que en la primera convocatoria hubiesen alcanzado el 15% de los votos emitidos.
El diputado del PNV, Mikel Legarda Uriarte, tachó la propuesta de «cambio copernicano en el sistema electoral». Por su parte, Ignacio Prendes, de Ciudadanos lo describió como «un verdadero traje a medida de sus intereses». Enric Bataller, de Compromís, también votó en contra alegando que el PP estaba proponiendo «simplemente que soslayemos principios fundamentales de nuestra Constitución».
La diputada socialista, Susana Sumelzo, dijo de ella que era inoportuna porque perseguía «cambiar unilateralmente las reglas del juego cuando quedan pocos meses para celebrar las elecciones municipales». También hizo alusión a la cercanía de las elecciones Prendes, «este es un asunto Guadiana (…) sale periódicamente seis meses antes de la convocatoria de elecciones locales, exactamente con esa precisión casi matemática».
En la exposición de motivos de la proposición de ley, el PP hablaba de «alcaldes perdedores» para referirse a aquellos que alcanzaban el cargo fruto de un acuerdo entre fuerzas minoritarias, pero que juntas sumaban más concejales que la lista más votada. El diputado de ERC, Joan Tardà, reprochó el uso del término, poco apropiado en su opinión.
«¿Desde qué petulancia y desde qué prepotencia se puede hablar de alcaldes perdedores? ¿Acaso no son ciudadanos aquellos que teniendo el apoyo popular suficiente acceden a ser alcaldes? ¿Qué categoría moral y ética es esta de hablar de alcaldes perdedores?».