Con 195 votos a favor de los 344 votos emitidos, 33 en contra y 116 abstenciones, la proposición de ley (PL) sobre «concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española». La iniciativa, de l Grupo Sumar, ha superado su toma en consideración en el Pleno del Congreso.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que se ha abstenido, y el Socialista, que ha votado en contra. El resultado es idéntico al de la pasada legislatura, cuando también se debatió y sometió al trámite de toma en consideración. Aquella PL, entonces registrada por Unidas Podemos, decayó con el adelanto electoral.
Al igual que hace tres años, los socialistas se han posicionado en contra de la medida alegando cuestiones de carácter jurídico, mientras que en Vox han alegado «desconfianza hacia el grupo proponente».
Requisitos para la acreditación
La norma defendida por Sumar consta de dos artículos, una disposición adicional y cinco disposiciones finales. El artículo 1 establece los requisitos para la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis. En virtud del apartado 1 del artículo 21 del Código Civil, se exigen una serie de “circunstancias excepcionales”. En este sentido, la PL entiende que estas se dan en los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976, aun cuando no dispongan de residencia legal en nuestro país.
Para acreditar tal condición se enumeran una serie de medios probatorios que serán valorados en su conjunto:
- Documento Nacional de Identidad español, aunque estuviera caducado, con verificación de la identidad por parte de los servicios de la Dirección General de la Policía.
- Certificado de inscripción en el censo español de 1974 o en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental expedido por las Naciones Unidas.
- Certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España.
- Partida de nacimiento, libro de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público expedidos por la administración española en el Sáhara Occidental
- Cualquier otro documento de una autoridad administrativa española que acredite el nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976.
También se otorgaría la nacionalidad según el texto actual a los descendientes en primer grado de consanguineidad que hayan adquirido la nacionalidad española por carta de naturaleza conforme a la presente iniciativa en un plazo de cinco años, a contar desde la inscripción en el Registro Civil de la adquisición de la nacionalidad española.
En primera persona
Por parte de Sumar, ha defendido la iniciativa la diputada de Sumar Tesh Sidi, nacida en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, Argelia. «Me va a costar no hablar en primera persona», ha reconocido al inicio de una intervención muy dura contra sus socios de Gobierno en la que ha instado a «hacer un ejercicio de memoria restaurativa«. A su juicio, esta proposición, pone fin a una reivindicación histórica del pueblo saharaui: igualar su caso al de los ciudadanos de América Latina o a los sefardíes en lo que al proceso de adquisición de la nacionalidad española se refiere.
En la misma línea se ha expresado la diputada de Coalición Canaria, Cristina Válido, que ha recordado cuando el Sahara era la provincia número 53 de España y contaba con representantes en esta Cámara: «Ahora se les ignora». Para Jordi Salvador i Duch (Junts), esta PL serviría para reparar un error, «pero no es un capricho, ni un símbolo».
Por su parte, Maribel Montero, diputada del PNV, ha apremiado a poner fin al «incumplimiento de la legalidad internacional» en la que considera está incurriendo el Estado español desde su retirada del Sahara.
En sus intervenciones, PP, EH Bildu y ERC han pedido al grupo Socialista y al Gobierno que no vuelvan a meter en «congelador» una iniciativa sobre esta materia, en alusión a, entre otras, la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de inmigrantes tomada en consideración por el Congreso hace meses y que como decenas de iniciativas legislativas de otros grupos permanece atascadas en sus comisiones con permanentes ampliaciones del plazo de enmiendas . «Esperamos que en esta ocasión se finalice el trámite», ha afirmado Carmelo Barrio (PP).
Los populares y los abertzales también han coincidido en la necesidad de debatir aspectos como los plazos durante el proceso de enmiendas. «Si es un derecho, no puede tener límites. Pero esto es un debate que esperamos tener durante el proceso legislativo», ha defendido Jon Iñarritu (EH Bildu).
El PSOE, solo
La mayoría de los portavoces han dirigido críticas hacia el PSOE por la ausencia de explicaciones tras el repentino cambio en política exterior que hubo en 2022 y que puso fin a la postura histórica española de neutralidad respecto a la excolonia. Desde entonces, los postulados oficiales están más cercanos a las reivindicaciones marroquíes.
En nombre del Grupo Socialista ha tomado la palabra Sergio Gutiérrez, quien ha insistido en que el tema que estaba debatiendo el pleno «nos ata emocionalmente a todos», para luego desmarcarse de la postura mayoritaria de la Cámara por tres razones.
En primer lugar, respecto a la aplicación de la carta de naturaleza para adquirir la nacionalidad, Gutiérrez se ha escudado en una sentencia del Tribunal Supremo (2020) en la que se sostiene que «no son nacidos en España, a efectos de nacionalidad, quienes nacieron en un territorio durante la etapa en la que fue colonia».
En segundo lugar, ha criticado que se legisle ad hoc, «corremos el riesgo de caer en alguna contradicción jurídica». Y ha defendido equiparar el proceso del Sahara al que se siguió con Guinea Ecuatorial: «Creemos que es un buen punto de partida».
Por último, ha reconocido que en su grupo genera dudas que organizaciones privadas puedan legitimar los documentos que certificarían de manera automática la carta de naturaleza, y en consecuencia, la nacionalidad.
La proposición avanza ahora a su siguiente fase parlamentaria con el deseo de las asociaciones, y en apariencia, de la mayoría de los grupos parlamentarios de que esta no sea víctima otra vez de las continuas ampliaciones del plazo de enmiendas.
Procedimiento
El plazo del que dispondrán los interesados para solicitar la nacionalidad sería de dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque se prevé la posibilidad de que, resolución del Ministerio de Justicia mediante, se prolongue otro año más.
La solicitud habrá de dirigirse a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia; y junto a ella, se deberán remitir los documentos acreditativos anteriormente citados y la certificación vigente acreditativa de la ausencia de antecedentes penales, legalizada o apostillada, y en su caso, traducida, correspondiente a los países en los que haya residido en los últimos cinco años. En este sentido, también se aceptaría una justificación de la imposibilidad de obtenerla.
Acto seguido, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicitará el preceptivo informe a Interior y Presidencia para dictar la resolución en un plazo de 12 meses.
Dictada la resolución, el interesado contará con un año para solicitar la inscripción en el Registro Civil y realizar ante el Encargado del mismo las manifestaciones legalmente procedentes relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Si transcurre el plazo, el procedimiento caducará.
Por último, la iniciativa recoge una modificación del artículo 22 del Código Civil para incluir a los saharauis.
Precisamente, sobre este último punto se aprobó en 2016 una PNL por unanimidad en la Comisión de Justicia, y es el punto de partida por el que se decantaría el PSOE.