Con 343 votos emitidos, 310 a favor y 33 en contra, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por la organización Regularización Ya ha superado su toma en consideración. La propuesta la ha heredado esta legislatura de la pasada, pues cuando estaba a las puertas de llegar a Pleno Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones en mayo de 2023.
En aquel momento, sin embargo, era una cuestión espinosa para el Gobierno de coalición, con Podemos manifestando su apoyo públicamente, mientras que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladaban su rechazo a las regularizaciones generalizadas.
La Proposición de Ley que avanza ahora en su trámite parlamentario, y que logró más de 600.000 firmas ciudadanas, consta de un artículo único que modifica la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Actualmente, reza así: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años”.
El cambio que pretende introducir la ILP es quirúrgico, pero de gran impacto. Tan solo piden cambiar la fecha, del 1 de junio de 1999 al día 1 de noviembre de 2021. Así quedaría la redacción: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”.
Síes con matices
Al inicio de la jornada se mantenía la incógnita de qué postura adoptarían los dos grandes partidos. Patxi López adelantó la de los socialistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces: «Votaremos a favor porque queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración, pero ni barra libre, ni cerrar fronteras, de forma inteligente». Y anunció la firme intención de su grupo mejorar y completar el texto durante la fase de enmiendas.
En cambio el PP no se pronunció hasta que su portavoz Sofía Acedo subió a la tribuna. La popular anunció que votarían sí a la iniciativa «para poner frente al espejo al Gobierno» y porque «así nos lo han pedido las entidades que trabajan con inmigrantes y los empleadores que necesitan mano de obra».
Entre el resto de grupos que se mostraron a favor de la medida se esgrimieron distintas motivaciones. Por EH Bildu, Jon Iñarritu, definió la situación en la que se encuentran las cerca de medio millón de personas que se verían afectadas por la medida como una «irregularidad administrativa» con la que se debe acabar.
El diputado de ERC, Jordi Salvador i Duch, fue más duro al calificar el problema de «una forma moderna de esclavitud». En su turno, Sumar a través de Gala Pin habló de «justicia reparativa en un sistema capitalista que reposa en un colonialismo estructural».
Reorientar la iniciativa
Por su parte, Mikel Legarda (PNV) tras comunicar la disposición de su grupo a continuar con la tramitación, puntualizó que también consideran necesario que la iniciativa «se reoriente a una regularización extraordinaria, caso a caso, por motivos humanitarios, reagrupaciones familiares o vinculada a razones económicas y demográficas».
Vox fue el único partido de la Cámara que no se sumó a la unanimidad alegando que «queremos que España siga siendo España, y no Marruecos o Argelia». «Y esto no es odio, es puro sentido común», añadió su diputada Rocío de Meer.
La ILP avanza ahora a su siguiente fase parlamentaria, el plazo de enmiendas. En esta línea el diputado vasco Iñarritu ha llamado a una «contención» de la alegría «porque existe el riesgo, y no quiero ser agorero, de que esta iniciativa sea hoy aprobada pero quede en un congelador durante toda la legislatura».