Con 341 votos a favor de los 341 votos emitidos, la Iniciativa Legislatura Popular (ILP) para la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias ha superado su toma en consideración por unanimidad.
La propuesta promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y registrada en 2014 ha afrontado por tercera vez este debate. La Mesa del Congreso, como ya ocurrió en la XII y la XIV Legislatura, decidió retrotraer la tramitación de la iniciativa, desde el plazo de enmiendas en el que se encontraba hasta su defensa de nuevo en Comisión.
El PNV, que había anunciado su voto en contra en línea con la postura mantenida en las pasadas ocasiones que la ILP había llegado a Pleno, finalmente ha cambiado el sentido de su voto.
«3.000 días perdidos»
El debate ha comenzado con la intervención del diputado del BNG, Néstor Rego, recordando como la ILP «se ha venido posponiendo» a pesar del impacto que su aprobación tendría en el «día a día de muchas personas». «Es indignante, nos produce estupor y vergüenza», ha afirmado María Ruiz Solas (Vox) tras repasar el periplo que ha recorrido la iniciativa en la última década.
En este sentido se ha pronunciado el representante de Junts Josep María Cruset Domènech que ha denunciado que la propuesta lleva más de 3.000 días registrada sin que su tramitación haya podido llegar a término. «Son más de 3.000 días perdidos y después de hoy, la mayoría de los grupos y el Gobierno, como ya ha ocurrido antes, no van a tener ningún tipo de interés en impulsarla«.
A esta circunstancia también ha hecho alusión la portavoz del PNV, Maribel bel Vaquero, al hablar de las iniciativas que «están en la nube», esperando a que la Mesa de por finalizada el período de enmiendas. Que fue lo que le ocurrió a la ILP en las anteriores legislaturas.
Según ha denuncia la diputada del PP Violante Tomás Olivares, en esta circunstancia se haya precisamente la proposición de ley para la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad y que va por la vigesimoquinta ampliación de enmiendas en el Congreso. La medida fue impulsada por el Grupo Popular en el Senado atendiendo a las demandas del CERMI.
Una cuestión autonómica
Vaquero Montero ha sido la encargada de defender en la tribuna el «no» de su partido que finalmente ha sido un «sí». En su intervención, la diputado ha apelado a la memoria de los parlamentarios: «El PNV ya votó en contra de la Ley de Dependencia por considerar que invadía el marco competencial».
A pesar de haber cambiado de opinión en el momento de las votaciones, para los nacionalistas vascos la iniciativa «redunda nuevamente en el error» de la norma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 al atribuir al Congreso una competencia de regulación propia de los legisladores autonómicos.
Los grupos catalanes también han puesto el foco sobre ello y han advertido que evitarán que esta tramitación sea una «nueva oportunidad de centralizar las competencias al Estado español».
En el turno de EH Bildu, aunque Isabel Pozueta ha manifestado algunos puntos de discrepancias, como el uso del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), paralelamente ha celebrado que la reforma persiga «plantear un copago mas justo y equitativo». El apoyo de la formación abertzale ha sido clara al ser una iniciativa que, a su juicio, «mejora los derechos de las personas».
En lo que al tema principal del debate se refiere, la eliminación del «copago confiscatorio» el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha ido un paso más allá al proponer la supresión del copago «en muchos casos es un obstáculo inasumible o limitarlo a las rentas más altas».
Recuperar el espíritu
Para Sumar, la ILP pone en el centro del debate una cuestión esencial : ¿Cómo financiamos y cuánto financiamos el sistema de atención a la dependencia? «Los copagos son una consecuencia ineludible de no contar con un presupuesto adecuado», ha afirmado la diputada Verónica Martínez Barbero. Durante la sesión son varios los grupos que han apelado a la necesidad de una reforma de la Ley de Dependencia para subsanar la infrafinanciación de las actuaciones previstas en la norma, como también reclama CERMI.
Inés Plaza García (PSOE) para anunciar el «sí» de su grupo ha reivindicado el legado de Zapatero en esta materia: «Apoyamos la iniciativa porque hay que recuperar el espíritu y el sentido de la Ley de Dependencia: que las personas que no puedan valerse por sí mismas puedan ser atendidas por el Estado». Plaza se ha dirigido a las asociaciones promotoras de la ILP para asegurarles que siempre encontraran en los socialistas un aliado.
Su objetivo
La propuesta impulsada por CERMI persigue dejar exentos de copago a aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); la fijación de una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio al que se accede; y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales del 40% del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.
La medida además reclama que la capacidad económica se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
EVOLUCIÓN DE APOYOS
2017, XII Legislatura: votos emitidos 333, a favor 328, en contra 5
2020, XIV Legislatura: votos emitidos 348, a favor 342; en contra 26
2024, XV Legislatura: votos emitidos 341, a favor 341