El gobierno valenciano “no contempla” la renuncia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras la controversia generada por las adjudicaciones de vivienda de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo municipal en la Playa de San Juan. El ejecutivo autonómico sostiene que se ha actuado con rapidez y confía, además, en que la comisión de investigación aprobada en Les Corts resulte “útil”.
Así lo ha indicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo, al ser preguntado por la exigencia de dimisión formulada por Vox y por si considera que esa presión política puede prosperar.
Barrachina ha precisado que este asunto no ha formado parte del orden del día del pleno del Consell y ha remarcado que “respetan absolutamente la opinión de cualquiera de los grupos políticos en el seno de Les Corts Cortes Valencianas o en cualquier lugar”. Con todo, ha enfatizado que “el Ayuntamiento de Alicante y, singularmente, su alcalde han actuado con inmediatez, igual que lo ha hecho la vicepresidencia responsable”, Susana Camarero.
En esta línea, ha recordado que se ha incoado un expediente disciplinario a un funcionario por un visado relacionado con esta promoción, que fue “elevado en su día por el PSPV y por Compromís”, y que ha sido suspendido de empleo y sueldo al entenderse que “se ha entendido que debía haberse inhibido” en el expediente que afectaba a su mujer.
“Por tanto, una decisión inmediata y ejemplar y han sido los actuales responsables quienes han actuado llevándolo a la Fiscalía y pidiendo a la Policía su intervención”, ha subrayado. Ha contrapuesto esta actuación con “nada que ver” con la detención de un ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía por su presunta implicación en una trama urbanística.
El portavoz ha incidido en que el procedimiento se inició en 2017 y que “la única responsabilidad conocida, y ya hemos actuado, era de alguien elevado por el PSPV y Compromís”, además de recalcar que “todo el proceso se ha hecho con las reglas” del anterior Consell del Botànic, normas que “ahora hemos decidido mejorar, reforzar y cambiar”. Por ello, ha insistido en que “se ha actuado con inmediatez y, por tanto” ha apuntado que no se plantea la dimisión de Barcala.
En relación con la comisión de investigación acordada en Les Corts y a la reclamación de PSPV y Compromís de que no repita el modelo de la de la dana, ha señalado: “Nos gustaría es que fuese una comisión útil”.
Barrachina ha puesto el foco en que la Vivienda es “una de las primeras preocupaciones de los valencianos” y ha recalcado que el actual Consell “ya tiene ya en distintas fases 4.800 viviendas de promoción pública, frente a las cero del PSOE y Compromís en ocho años”.
“Y, además, queremos hacerlo bien”, ha insistido. “Por tanto, de esta comisión lo que nos gustaría es que saliese el refuerzo parlamentario para cumplir el objetivo del president Juanfran Pérez Llorca de activar 10.000 viviendas de promoción pública para compensar la desidia y el abandono del PSOE y Compromís”.
Actuación de la esposa de Barcala y legalidad de las VPP
Por otro lado, se ha referido a la adquisición de una vivienda de protección pública (VPP) por parte de la esposa de Barcala en 2006 y ha señalado: “Lo que he leído es que es una actuación legal de viviendas dedicadas al alquiler que se han alquilado”. A su juicio, “lo llamativo es que actuaciones de hace 21 años aparezcan hoy después del paréntesis y el paso por el Gobierno del PSPV y de Compromís”. “Yo lo que he leído reviste una legalidad absoluta”, ha reiterado.
Preguntado sobre si, más allá de la legalidad, este uso de las viviendas protegidas podría desvirtuar la finalidad de las VPP, ha respondido que “esa vivienda era para alquilar con unas condiciones de un precio máximo, y lo que he leído es que se respetó la legalidad”. “Por tanto, lo único llamativo es que una vivienda en la que se respetó la legalidad de promoción pública, 21 años después aparezca que en aquel entonces se hizo algo mal”.
Ha destacado, además, que en el actual Plan VIVE, un programa “exitosísimo, en el que se han sumado ayuntamientos de todos los partidos políticos, porque responde a una necesidad de todos los vecinos de la Comunitat, las garantías van a ser reforzadas”.
“El sistema de control y de vigilancia del PSOE y Compromís ha fallado y nosotros lo que hicimos en 2024 es reforzarlo y lo que vamos a hacer actualmente es volver a reforzarlo”, ha añadido. Entre las medidas, ha detallado que los visados pasarán a depender de un órgano colegiado y no únicamente de un funcionario, se incrementará la transparencia en los listados de solicitantes y se impedirá que los notarios inscriban viviendas sin la existencia de los visados preceptivos.