QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La prórroga de las medidas sociales aprobadas por el Gobierno durante la crisis energética y de precios incluirá también descuentos en el bono social y la prohibición en el corte de suministros, según han informado distintas fuentes del Gobierno.
Otras medidas que tendrán continuidad será la prohibición de ejecutar despidos por causas objetivas para aquellas empresas que hayan accedido a ayudas públicas y el esquema de protección de ERTE y prestaciones extraordinarias para empresas y trabajadores afectados por la erupción del volcán de La Palma.
Además, el Ejecutivo incluirá en el decreto-ley medidas que había impulsado en el Congreso vía enmienda al proyecto de ley derivado del ‘decreto anticrisis’ y que no se llegó a tramitar, como la actualización de las entregas a cuenta para ayuntamientos y comunidades autónomas y la subida de sueldos públicos para este año, aún no ejecutada por falta de Presupuestos.
El Gobierno ya había anunciado la continuidad de rebajas fiscales aprobadas para alimentos básicos, al menos temporalmente, como pan, harinas, productos lácteos, huevos, aceites y pastas.
Todas estas medidas habían sido prorrogadas en diciembre del año pasado en el Decreto-ley 8/2023 hasta el próximo 30 de junio fecha en la que expiraban.
En el caso del aceite de oliva, la rebaja del IVA no será al 5%, como ha venido aplicándose desde enero de 2023, sino al 0%, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con Junts para la convalidación en el Congreso del mencionado decreto el pasado enero.
Enmiendas no incluidas en el Congreso
La supresión del IVA al aceite de oliva se registró como enmienda de PSOE y Sumar al proyecto de ley que el Congreso decidió tramitar tras convalidar el decreto.
Los grupos del Gobierno de coalición también registraron otras propuestas, pero ninguna de ellas ha sido incluida al decidir el PSOE paralizar la actividad tras la convocatoria electoral en Cataluña.
Ahora el Ejecutivo ha decidido incluir varias de esas medidas, como la actualización de las entregas a cuenta de ayuntamientos y comunidades autónomas.
El decreto-ley también contendrá la actualización de las retribuciones de los empleados públicos pactada con los sindicatos de la función pública del 2% para este año y hasta el 2,5% si el IPC acumulado en los últimos tres años supera el aumento retributivo para este período.
