El Defensor del Pueblo ha identificado a cuatro comunidades autónomas --Andalucía, Canarias, Madrid y Murcia-- y a cerca de un centenar de entidades locales como administraciones “no colaboradoras” con la institución, al retrasarse en contestar a sus requerimientos o, directamente, al no llegar a responder.
Así se recoge en un anexo del informe anual del Defensor del Pueblo, difundido este martes, en el que se recuerda que la normativa vigente obliga a todas las administraciones a remitir a este órgano la información que solicita para poder desarrollar sus actuaciones.
“Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones”, explica el Defensor del Pueblo en su informe.
Buena parte de estos requerimientos están relacionados con asuntos cotidianos de ayuntamientos o entidades locales menores, vinculados a urbanismo, gestión de residuos u otras materias de su competencia.
Como elemento distintivo de este ejercicio, se ha decidido excluir del listado a las administraciones de municipios con menos de 1.000 habitantes, con el objetivo de concederles más margen para tramitar sus respuestas, dado que suelen disponer de recursos humanos y materiales muy limitados.
Cuatro comunidades en el punto de mira
En el ámbito autonómico, el caso de Andalucía está vinculado a la Consejería de Fomento. Según detalla el informe, el Defensor del Pueblo reclamó una ampliación de información por la ausencia de transporte público hasta el Centro de Internamiento para Menores Infractores La Marchenilla, en Algeciras (Cádiz).
Respecto a Canarias, la institución dirigió peticiones de información a la Consejería de Bienestar por unas declaraciones de desamparo y abrió actuaciones sobre los recursos disponibles para jóvenes extutelados cuando alcanzan la mayoría de edad.
En relación con el Instituto Canario de la Vivienda, se incoaron actuaciones a raíz de una solicitud para iniciar un expediente de adjudicación de vivienda de protección por especial necesidad.
En la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo requirió datos a la Cámara de Cuentas tras una denuncia por presuntas irregularidades en un expediente de contratación de un ayuntamiento.
Finalmente, en Murcia se menciona a la Consejería de Salud por su silencio administrativo ante una petición sobre responsabilidad patrimonial de la Administración y en relación con pacientes cuya estancia hospitalaria se ha visto prolongada.