El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado al Ejecutivo autonómico que "seguir instrumentalizando la Justicia" y "poner en dificultades" el derecho de reunión con la nueva norma que faculta a la Comunidad a ejercer la acción popular en casos de ataques al patrimonio o delitos que obstaculicen acontecimientos como la llegada a la capital de La Vuelta Ciclista a España el pasado mes de septiembre.
Desde las obras del puente de la A-6 en Collado Villalba, Martín ha subrayado ante los medios que se trata de "una cuestión importante" porque esta iniciativa modificará varias normas ya vigentes, entre ellas la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) de 1997, que el delegado considera necesario actualizar para adecuarla a los grandes eventos que acoge la región.
Según Martín, "Desde luego el PP de Madrid lo que no busca es proteger mejor a los madrileños, lo que busca es utilizar cualquier vía para seguir instrumentalizando la Justicia para cargar contra quien haga falta y poner en dificultades aquel ejercicio del derecho de reunión", al tiempo que ha advertido de que la ley que habilita a la Comunidad a personarse ante boicots como el de La Vuelta está "muy mal enfocada".
Pide una ley nueva y pactada
El delegado ha recordado que, desde que asumió el cargo hace tres años, viene reclamando a la Comunidad de Madrid la elaboración de una nueva ley de espectáculos que sustituya y reformule la LEPAR, aprobada hace 29 años, para legislar "acorde a las necesidades" actuales de la región.
A su juicio, la reforma parcial de esta normativa "se está haciendo de una manera francamente irresponsable", de "tapadillo, a través de una disposición transitoria de otra ley". "Esto no es lo que merecen los madrileños. Los madrileños merecen una nueva ley", ha insistido.
De cara a ese futuro texto, Martín ha reclamado que el Gobierno regional abra el proceso a otros actores implicados, entre ellos la propia Delegación del Gobierno, responsable de la seguridad de los eventos y del conjunto de la Comunidad.
Ha explicado que esta preocupación ya ha sido trasladada en encuentros con promotores de grandes citas y con representantes del sector privado, que, según ha indicado, "está preocupado por la falta de seguridad jurídica" derivada de la forma en que se está tramitando la reforma.
En su balance, Martín ha concluido que una norma que se impulsa "sin haber escuchado a los responsables de la seguridad pública" ni a quienes organizan los grandes eventos es "una mala ley", por lo que ha reclamado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que la retire y se siente a negociar un nuevo marco legal.
Está previsto que la Asamblea de Madrid dé luz verde este jueves, con la mayoría absoluta del PP y mediante el procedimiento de lectura única, a la ley que permitirá a la Comunidad ejercer la acción popular en supuestos de atentados contra el patrimonio natural o histórico-artístico, así como en delitos dirigidos a entorpecer el desarrollo de eventos y espectáculos públicos, como ocurrió con los disturbios en la última etapa de La Vuelta Ciclista a España.
Con este Proyecto de Ley se modificarán la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid; la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.