El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este jueves en que las pesquisas que se siguen en torno al exconcejal socialista Rafael Pineda se circunscriben a hechos que “se refieren a una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno”, al estar vinculados al Ayuntamiento de Sevilla.
Así lo ha remarcado Pedro Fernández en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha expresado su “máximo respeto” hacia la investigación judicial que afecta a quien también ejerció como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda.
El exedil socialista fue arrestado esta semana por su presunta implicación en una trama urbanística relacionada con la empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa. Tras pasar a disposición judicial este miércoles y acogerse a su derecho a no declarar, quedó en libertad con cargos y sin medidas cautelares.
Al ser cuestionado por este caso, el delegado del Gobierno ha recalcado que quienes le conocen saben que “nunca” entra “en valoraciones sobre investigaciones judiciales”, precisamente “por esa razón”, la de que son asuntos “objeto de investigación judicial” que, por tanto, están “sub iudice”, y partiendo de la premisa de que “hay que respetar y que la Justicia haga su trabajo, como siempre lo hace, respetando al máximo los procedimientos judiciales”.
En cualquier caso, Pedro Fernández ha querido “añadir que los hechos que se investigan por parte de la autoridad judicial se refieren a una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno” en Andalucía, de modo que se trata “en este caso concreto del Ayuntamiento de Sevilla”.
Por ello, además de reiterar su “máximo respeto a la acción de la Justicia”, el delegado ha defendido la necesidad de “poner claramente el foco” en que “lo que se está investigando son hechos supuestamente cometidos en una administración pública distinta a la Delegación del Gobierno”.
El procedimiento que afecta a Rafael Pineda está vinculado con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en el barrio sevillano de Pino Montano. Junto a él fueron detenidas otras cuatro personas en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollada el pasado martes, entre ellas un trabajador de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, todos ellos señalados por su supuesta participación en la trama.
La causa se abrió a raíz de una denuncia por el proceso de enajenación de dicho suelo mediante subasta pública, adquirido por 1,8 millones de euros y revendido pocos meses después por casi cuatro millones. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que, en funciones de guardia de detenidos, acordó igualmente este miércoles la libertad provisional de las otras cuatro personas arrestadas por las presuntas irregularidades en esta operación urbanística.
Como medidas cautelares civiles para garantizar posibles responsabilidades futuras, la jueza ha ordenado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades que administran. Asimismo, ha decretado el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias de las personas físicas investigadas y de las personas jurídicas vinculadas, según informó la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Por el momento, los detenidos figuran como investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Durante sus comparecencias ante la jueza, los cinco implicados hicieron uso de su derecho constitucional a no declarar.