El director general de Intervención del Gobierno de Navarra, Juan José Pérez Capapay, ha asegurado que él “hubiera parado la licitación” de las obras del túnel de Belate en cuanto llegaron a la mesa de contratación los “rumores” de que la adjudicación recaería en una empresa concreta -finalmente fue la UTE de Acciona y Servinabar-. Según ha explicado, con la experiencia que acumula en mesas de contratación, “no lo hubiera consentido nunca”.
Pérez Capapay, que ha comparecido este martes ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, ha señalado que sería necesario revisar con detalle todo el expediente de la licitación para determinar si habría formulado un reparo suspensivo o no suspensivo a la propuesta de adjudicación -en este caso, el interventor delegado emitió un reparo no suspensivo-. No obstante, ha recalcado que, antes de llegar a ese punto, le “resultaría muy difícil formar parte de una mesa y que continuara esa mesa con una duda o con un rumor de que iba a haber un adjudicatario con un nombre”. “En mi experiencia en mesas, no lo hubiera consentido nunca. Hubiera parado la licitación”, ha reiterado, aunque ha manifestado en varias ocasiones su respeto por el trabajo realizado por el interventor delegado y por su autonomía técnica.
Al margen de este asunto, el director general ha dejado claro que durante el ejercicio de sus funciones no ha recibido ninguna instrucción ni presión del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ni de ningún otro responsable político.
Ha recordado también que la Dirección General de Intervención elaboró un informe de alegaciones en respuesta a otro informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), que apreciaba irregularidades en la adjudicación de Belate. En esas alegaciones, Intervención rechazaba que la adjudicación tuviera que considerarse nula de pleno derecho. En un bronco intercambio con UPN, Pérez Capapay ha negado que con ese documento estuviera colaborando en un intento del Ejecutivo de “blanquear” la adjudicación. “¿Me está acusando de blanquear? Este director general no se merece semejante acusación de llamarle blanqueador en ningún caso. No vengo aquí a que me llamen blanqueador del Gobierno”, ha respondido.
A lo largo de su intervención, ha insistido en que “el control interno se maneja en unos términos de autonomía e independencia técnica”.
Por otra parte, Pérez Capapay ha apuntado que, si él hubiera ocupado el cargo de director general de Obras Públicas cuando se emitió el reparo no suspensivo a la resolución de la mesa de contratación, “hubiera corregido los posibles problemas del informe de reparo, porque soy interventor”.
Ha relatado igualmente el planteamiento que le trasladó el interventor delegado, quien le comunicó que no deseaba volver a participar en la mesa de contratación en caso de que se licitara de nuevo la obra, al considerar que había perdido la objetividad. El director general de Intervención le pidió calma y le sugirió que, en una eventual nueva licitación, se recurriría a un sistema de plicas. Sin embargo, el interventor delegado rechazaba este modelo porque exige “buena fe, confianza legítima y lealtad institucional” entre los integrantes de la mesa. “En esa mesa no había confianza, no había lealtad, y no había buena fe, porque con el nivel de enfrentamiento que se ha demostrado en esta comisión, de uno por otro, no se puede trabajar bien”, ha señalado.
Sistema de votación en la mesa de contratación
El sistema de votación aplicado en la mesa, que permitió que el presidente pudiera emitir su voto conociendo ya la puntuación del resto de técnicos, ha sido otro de los puntos sobre los que se ha interrogado a Juan José Pérez Capapay. Ha explicado que “quién participe antes o después en una votación es la decisión que toman en el conjunto de la mesa, estamos hablando de personas adultas, empleados públicos, actuando dentro de los principios de imparcialidad y objetividad, y es importante que la decisión final sea libre”. Y ha añadido, dirigiéndose al parlamentario de UPN Javier Esparza: “¿Usted puede decir que no ha sido libre ese consentimiento de decisión unívoca de la mesa? Yo no lo puedo decir”.
En este sentido, el director general ha precisado que su análisis sobre la puntuación “reside no en qué puntuó uno u otro” integrante de la mesa, sino en “por qué se puntuó así”. Ha subrayado que su principal crítica se dirige al propio pliego de la licitación, “porque son muy importantes las cartas con las que se juega la partida”.
Correos sobre el consejero Arasti
Otro momento de tensión se ha producido cuando UPN le ha preguntado por varios correos electrónicos intercambiados en relación con este contrato. La formación regionalista quería aclarar si el consejero Arasti conocía la situación generada en la mesa de contratación de las obras de Belate.
Pérez Capapay ha relatado que, en noviembre de 2023, el interventor delegado le informó de la emisión de un informe de reparo no suspensivo a la resolución de adjudicación de las obras. El 4 de noviembre, el director general envió un correo al interventor delegado en el que le indicaba que, según lo que había comentado el consejero, el director general de Obras Públicas no tenía intención de firmar la adjudicación, y que “no le queda otra que desistir y volver a licitar”.
No obstante, este martes Pérez Capapay ha negado que el consejero le transmitiera que el director general de Obras Públicas no pensara firmar. Esta contradicción ha sido destacada por UPN, que le ha recordado que él mismo escribió en el correo que Arasti sí lo había comentado. Pérez Capapay ha insistido en que el consejero no se lo dijo y ha precisado que redactó ese mensaje un sábado a las 7.10 de la mañana. “Posiblemente estaría acostado en mi cama”, ha apuntado.
El director general ha admitido que no recuerda con exactitud el contenido de las conversaciones de aquellas fechas, pero ha añadido que “en una situación de adjudicar un contrato de 77 millones a todo el mundo le tiemblan las piernas cuando hay un informe de reparo no suspensivo”.
Reparo al sobrecoste del modificado
Asimismo, Juan José Pérez Capapay ha abordado el informe de su Dirección General que formuló un reparo suspensivo al modificado del contrato que implicaba un sobrecoste en las obras de Belate.
Ha explicado que “no somos ingenieros de caminos, pero sí somos técnicos cualificados en cuestiones jurídicas, económicas, presupuestarias y contables”. Entre los motivos que sustentaron el reparo, ha citado que el incremento de coste incluía una revisión de precios que “no cabe” en ese tipo de modificado. Tras la emisión del reparo suspensivo, ha recordado, “ahora el órgano gestor -la Dirección General de Obras Públicas- tiene que decidir”.
Sin datos sobre Cerdán y Servinabar
Durante la comparecencia, Juan José Pérez Capapay ha confesado que sintió “vergüenza” al conocer por la prensa las investigaciones policiales y judiciales sobre una presunta trama de corrupción que afectaría a Acciona y Servinabar, adjudicatarias de las obras de Belate. Sin embargo, ha recalcado que en la Intervención no disponían de ninguna información que indicara que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pudiera ser propietario de parte de Servinabar.
“En el proceso de la adjudicación y en el área administrativa nuestra no tenemos ningún documento a nuestro alcance con el que podamos decir que Santos Cerdán forma parte de la UTE”, ha explicado. Ha añadido que, si finalmente se confirmara la participación de Cerdán en Servinabar, se trataría de un claro conflicto de interés.