QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El acuerdo del Estatuto del Becario corre el riesgo de quedar en papel mojado. La intención del Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos era aprobarlo como decreto-ley en las próximas semanas, incluso en el próximo Consejo de Ministros, y poder convalidarlo en una eventual Diputación Permanente.
Las posibilidades, sin embargo, son escasas, por no decir nulas. “Economía lo está bloqueando”, afirman desde el departamento que dirige Yolanda Díaz, ironizando con las reacciones que desde el ala socialista surgieron ayer tras la presentación del último acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT: “Dicen que está ‘verde’ un texto que lleva negociando 14 meses”.
Y es que a lo largo del jueves, varias informaciones apuntaron que desde Moncloa consideraban que la norma estaba aún “muy ‘verde’”, descartando así su aprobación antes de la celebración de las elecciones del próximo 23-J. En el Ministerio de Asuntos Económicos llegaron incluso a considerar el acuerdo como un “punto de partida” pero que aún le faltaba “trabajo técnico”, según el diario El País.
La propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido, en declaraciones a los medios tras un acto en Madrid, “respeto al diálogo social”. “Aquellos que no quieren acabar con una de las formas más cruentas de precariedad de la juventud debería explicárselo a nuestro país”, ha sentenciado.
Este mismo viernes desde la Secretaría de Estado de Comunicación declinaban valorar la calidad o el estado de tramitación de esta reforma hasta que su llegada al Consejo de Ministros. “No lo vemos ni con buenos ni malos ojos”, aseguran desde Moncloa, afirmando desconocer el calendario que Trabajo había planteado sobre el Estatuto.
Otras fuentes de Moncloa apuntaban, en cambio, a que la norma no irá al próximo Consejo de Ministros y daban prácticamente por descartado que lo hiciera antes de las elecciones.
En la firma del acuerdo la impresión era otra. Tanto el secretario general de CCOO, Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, rechazaron que la convocatoria de elecciones pudiera aplazar la aprobación de una norma que, aseguran, habría podido aprobarse antes, en octubre del año pasado incluso, de no intentar arrastrar al acuerdo a la patronal.
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este viernes la firma del acuerdo como un “acto electoral”, informa Europa Press, y ha asegurado que la “vocación” del acuerdo es que las prácticas desaparezcan.
Sordo aseguró que la ausencia de los empresarios en el acuerdo no se explicaba en “un arreón” que les hubiera alejado, sino en que “alguien ha decidido bajarse de la diligencia en el último momento”. Álvarez directamente atribuyó la espantada a la cercanía de las elecciones.
Claves del acuerdo
Dónde podrán realizarse las prácticas: Las actividades formativas de carácter práctico no laborable sólo podrán desarrollarse en estudios de formación profesional, estudios universitarios y en catálogos de especialidades formativas. Fuera de esos supuestos será actividad laboral.
Plan formativo y tutor. Cada práctica deberá contar con un plan formativo con los conocimientos a adquirir, un acuerdo entre la empresa y la institución educativa y su tutorización. También deberá recoger los horarios de las prácticas y permitir su compatibilización con el estudio.
Compensación de gastos. Las empresas deberán compensar a los estudiantes gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención.
Ratio máximo de horas de prácticas por titulación. Las horas de prácticas curriculares no podrán superar el 25% de las horas que se concreten en los créditos del grado, máster universitario o doctorado. Las extracurriculares no podrán superar el 15% del total de créditos.
Ratio máximo de alumnos por empresas. Los becarios no podrán superar el 20% de toda la plantilla. Sanciones de hasta 225.018 euros. El acuerdo incluye un régimen sancionador con multas desde 7.501 euros en su grado mínimo hasta los 225.018 euros en las infracciones más graves, ante discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón edad, discapacidad, sexo u origen. También por trato desfavorable ante una reclamación dirigida a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
