El exdirector general de Industria y Minería del Gobierno asturiano, Mauro Rodríguez, ha declarado este jueves que el siniestro de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos el 31 de marzo de 2025, tuvo su origen en “un desprecio absoluto a la seguridad” por parte de la compañía que explotaba entonces la mina, Blue Solving.
Rodríguez ha intervenido ante la comisión de investigación sobre el accidente en la Junta General del Principado de Asturias, donde ha detallado que, en la comisión de seguridad minera convocada tras la tragedia, se revisaron a fondo las condiciones de la empresa. En esa reunión, ha recordado, “se comentó que era la misma empresa que tuvo el accidente de 2022”, en el que perdió la vida un minero y otro resultó herido.
Funcionario de carrera, Rodríguez ocupó la Dirección General entre febrero y mayo de 2025, nombrado por la entonces consejera Belarmina Díaz. Fue relevado en mayo del pasado año en el marco de la reorganización de la Consejería de Industria, y en la actualidad es jefe de servicio de gestión, planificación y promoción ambiental. Su etapa al frente de Minería coincidió con el accidente de Cerredo, y le correspondió reunir toda la documentación sobre lo ocurrido y elaborar los informes posteriores.
Ha explicado que, una vez recabada la información sobre la actividad en Cerredo, en abril de 2025 quedó claro que Blue Solving no realizaba las tareas para las que estaba autorizada, sino que “supuestamente se estaba retirando material”. Ha subrayado que el permiso de Blue Solving “le impedía extraer mineral” en el piso tercero en la fecha del siniestro, dado que “lo único que tenía era una autorización administrativa para las labores de limpieza”. “Se le permitían pruebas pero no la extracción de carbón, no tenían ninguna autorización para extraer carbón”, ha recalcado.
Defensa de la actuación de los funcionarios
Rodríguez ha insistido en que todos estos extremos se conocieron después del accidente de 2025, y ha defendido que los funcionarios que tramitaron los expedientes de transmisión de los derechos de explotación actuaron correctamente con los datos de que disponían.
Antes del siniestro, ha indicado, “es posible” que los técnicos no advirtieran que las sociedades Carbones de La Vega, Combayl y Blue Solving respondían a un mismo entramado familiar, pese a que en los expedientes de transmisión figuraba un párrafo en el que se señalaba que las tres empresas integraban un mismo grupo empresarial. “Puedo entender que se le hubiera podido pasar a un técnico”, ha señalado, porque esa parte del expediente, referida a los antecedentes del proyecto, “muy pocas veces” se revisa con detalle.
Preguntado por los diputados sobre si no debería haberse extremado el control del expediente teniendo en cuenta que en 2022 se produjo un accidente mortal y se constató una extracción ilegal de carbón, el exdirector general de Minería ha vuelto a respaldar a los funcionarios. Ha remarcado que el hecho de que una empresa delinca “no invalida el trámite a otra” y ha precisado que la actividad administrativa “se ajusta a la norma”, sugiriendo que corresponde a la Junta General valorar una reforma legal para introducir sanciones “más exigentes”.
A su juicio, “juzgar los hechos pasados con los conocimientos de ahora es ventajista”, y ha sostenido que, de haberse conocido toda la información antes del accidente, los expedientes se habrían tramitado “de otra forma”. En este contexto, la comisión analizó el correo electrónico remitido a una dirección del servicio de Minas en el que se advertía de una posible extracción ilegal de carbón en Cerredo.
El exdirector ha relatado que supo de ese correo el 1 de abril de 2025, ya ocurrido el accidente, cuando se lo comunicó la entonces consejera, Belarmina Díaz. A partir de ahí realizó las gestiones para acceder al mensaje, algo que logró al día siguiente. El correo estaba en una cuenta genérica del servicio de Minas a la que “nadie tenía acceso”, creada durante la pandemia y posteriormente abandonada. En esa bandeja había 40 correos sin abrir, entre ellos uno de 2023 alertando de la actividad ilegal en Cerredo y otro, con un aviso similar, enviado el 1 de abril de 2025.
Tras revisar el contenido del email, que incluía fotografías y vídeos con indicios de extracción y datos sobre la actividad en Cerredo, Rodríguez remitió esa información a la Guardia Civil.
Suspensión de la actividad en TYC Narcea
Durante su comparecencia, el funcionario ha añadido que fue él quien decidió paralizar la actividad de TYC Narcea tras el accidente de Cerredo, al no constar evidencias de que la empresa estuviera dando al carbón extraído el uso autorizado.
La denuncia contra TYC Narcea se había empezado a tramitar diez días antes del siniestro y, cuando se produjo, el expediente se encontraba en fase de requerimiento de documentación que acreditase la adecuación de la actividad a su permiso administrativo. La empresa contaba con autorización para extraer carbón con fines de pruebas industriales y tenía “prohibido expresamente” venderlo. “No presentaron ninguna acreditación sobre el destino del carbón”, ha indicado, por lo que se optó por suspender la explotación hasta aclarar los hechos. TYC Narcea reanudó su actividad en junio, cuando Mauro Rodríguez ya había sido destituido como director general de Minas.