Las protestas del mundo rural cumplen este martes siete años desde que cobraron fuerza, con una gran manifestación en Madrid como punto álgido. En este tiempo, la realidad de los pueblos ha pasado de la aparente idealización del regreso al campo gracias al teletrabajo tras la pandemia de Covid, a un escenario marcado por la crisis de acceso a la vivienda, también muy presente en las zonas rurales.
Coincidiendo con este aniversario, varios especialistas consultados por Europa Press examinan la despoblación en España, un fenómeno aún abierto años después del 'boom' vivido en 2019.
El catedrático de Economía e investigador en despoblación de la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla, señala que las pirámides de población “tan envejecidas y masculinizadas” provocan que el número de habitantes caiga incluso sin que haya grandes salidas de vecinos, ya que el “crecimiento natural es negativo”.
En Aragón, Pinilla lo ve nítido: el conjunto de los municipios con menos de 5.000 habitantes ha seguido perdiendo población en los últimos años, según los datos preliminares de un estudio que elabora junto a otros académicos sobre la despoblación en esta comunidad.
Aunque advierte de que no es posible trasladar sin más estas conclusiones al resto del país, sí apunta una pauta posible: “No puede decirse que esté habiendo una vuelta al campo, al menos en Aragón, y creo que en el resto de España no será muy distinto”, asegura.
Falta de oportunidades y centralismo
Esta realidad se refleja en el testimonio de Borja Morteo, uno de los entrevistados por Europa Press. Creció en Zaragoza hasta los 18 años, pero su familia ha llevado durante años “El collerón”, uno de los pocos bares de Luna, un municipio de menos de 700 vecinos situado a 65 kilómetros de la capital aragonesa. Actualmente, con 22 años, trabaja en una empresa de 'E-Sports' y compagina esta actividad con sus estudios en Madrid, que finaliza este curso.
Aunque nunca ha pasado más de tres o cuatro meses seguidos viviendo en el pueblo, considera que los bares cumplen una función de cohesión social “casi un servicio público, un punto de reunión”. Desde ese vínculo afectivo, que reconoce que le cuesta cada vez más sostener, admite que en el pueblo puedes “apañarte, pero no es suficiente” para quienes, como él, se han habituado a las comodidades y servicios de la ciudad.
En su caso, Borja menciona la carencia de empleo cualificado y de conexiones a Internet estables, algo clave para su profesión y que, confirma, “no es la ideal”. Por ello no se plantea a corto plazo volver a Luna, donde reside su familia, y proyecta su futuro en Madrid.
En esta línea, el investigador de la Universidad Carlos III y experto en nuevas estrategias contra la despoblación, Juan Antonio Lobato, vincula el auge del teletrabajo tras la pandemia con una posible “estacionalización” —que no paralización— en la pérdida de habitantes.
Conexión 5G y vivienda, un binomio pendiente
A pesar de ello, Lobato advierte de que la “mitificación del nomadismo digital” surgida tras el Covid, y que impulsó, por ejemplo, fuertes inversiones para extender la conexión 5G al medio rural, no fue acompañada por una planificación adecuada en materia de urbanismo y vivienda. En su opinión, “el campo no está lleno de nómadas digitales” porque las políticas aplicadas no han sido holísticas ni integrales.
En cuanto al avance de la despoblación, Lobato sostiene que la velocidad del proceso se ha moderado desde que publicó su estudio en 2024: “La velocidad era muy preocupante porque el artículo habla de riesgos de desaparición de pueblos”.
Se refiere a un “umbral de alto riesgo de desaparición funcional”, es decir, un punto de no retorno a partir del cual el municipio deja de poder ofrecer servicios básicos y termina perdiendo a sus últimos vecinos. Según sus datos, la llegada a ese umbral se ha ralentizado.
Lobato coincide con Pinilla en que parte del aparente retorno al campo tras la pandemia se explica por empadronamientos en segundas residencias, sin que ello supusiera un cambio real de domicilio ni un movimiento demográfico sostenido.
Entre las provincias de Castilla y León con mayor protagonismo en las movilizaciones de 2019 en Madrid destacó Soria, a través de Soria ¡Ya!, una de las impulsoras de La Revuelta de la España Vaciada.
Hugo Poza, de 24 años y vecino de Covaleda, un municipio soriano con algo más de 1.500 habitantes censados entre la sierra de Urbión y la sierra de Resomo, en la comarca de Pinares, ha trabajado durante dos años en el único bar abierto de Salduero, un pueblo cercano con 148 habitantes registrados, aunque en verano la cifra aumenta. “Aquí la gente sobrevive”, reconoce.
Aunque valora que en Covaleda existe cierta infraestructura y un centro de salud que “no está nada mal”, Hugo teme que, si nada cambia, la situación de los pueblos empeore en los próximos años. “Las instituciones no hacen nada para que se queden los jóvenes”, denuncia.
Subraya que tanto él como muchos de su generación sienten un fuerte arraigo hacia su localidad, pero no encuentran allí las oportunidades que necesitan. “Yo soy de Covaleda y lo tengo muy arraigado, pero las políticas no están funcionando”, insiste. Además, no cree que la clave pase por atraer nueva población, sino por “hacer lo posible para que la gente se quede”.
Para Marina Jiménez, de 23 años y nacida en Plasencia, una de las mayores localidades de Cáceres, la España Vaciada y el vaciamiento del campo no son una realidad tan directa, pero sí condicionan su entorno y sus expectativas. Se marchó a Madrid hace cinco años para estudiar Matemáticas porque, explica, tardaba lo mismo en llegar a la capital que en desplazarse a Badajoz.
Hoy trabaja en Deloitte, una de las 'big four', y admite que le gustaría pasar más tiempo en su localidad de origen y poder teletrabajar desde allí, aunque ve muy difícil, a corto o medio plazo, volver a Extremadura.
En su entorno conoce casos de jóvenes que han intentado regresar a sus pueblos tras estudiar en Madrid y que, una vez de vuelta, no han encontrado empleo “de lo suyo”. Además, el hecho de regresar a casa de los padres, no poder acceder a una vivienda digna o depender del coche “para todo” complica un retorno en condiciones aceptables.
Estas historias encajan con el análisis de Vicente Pinilla, que recuerda que, aunque el Estado de Bienestar ha logrado infraestructuras “bastante aceptables” en casi todo el país, la escasez de empleo cualificado, las trabas para acceder a la vivienda y la necesidad constante del coche siguen siendo factores determinantes que limitan la vida en la mayoría de los pueblos.