El Ministerio de Hacienda inicia este 2026 con el compromiso de poner sobre la mesa un nuevo modelo de financiación autonómica entre los meses de enero y febrero. Este anuncio ha llevado a las comunidades a reactivar sus demandas y a detallar de nuevo los criterios que consideran prioritarios en el reparto de recursos, mientras el Ejecutivo central insiste en la necesidad de lograr un gran acuerdo entre PSOE y PP.
Por el momento, el Gobierno central no ha desvelado elementos concretos del futuro sistema y únicamente ha reiterado su voluntad de combinar fórmulas multilaterales y bilaterales en la negociación. La última propuesta formal de Hacienda, presentada hace cuatro años, se articulaba en torno al criterio de población ajustada, aunque aquel intento no llegó a prosperar.
Está aún por ver si Hacienda retomará aquel documento remitido en su día a las comunidades o si optará por un diseño distinto. La ministra Montero ha reiterado que ninguna autonomía saldrá perjudicada con la reforma y ha adelantado que en determinadas figuras impositivas se incrementará el porcentaje de cesión a las comunidades.
Según han ido avanzando tanto las autonomías como el propio Ejecutivo, el nuevo modelo de financiación autonómica en el que trabaja el Gobierno incorporará cambios de calado respecto al sistema actual.
En este sentido, el Gobierno central se plantea suprimir las entregas a cuenta en los próximos ejercicios, un pilar esencial del mecanismo vigente. Además, el diseño que se apruebe deberá integrar la singularidad catalana recogida en el acuerdo entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.
El calendario del próximo modelo
La ministra Montero ha comunicado a las comunidades autónomas que su objetivo es presentar el nuevo esquema de financiación en los próximos meses, previsiblemente entre enero y febrero. La intención del Ejecutivo es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico para debatir exclusivamente la reforma de la financiación autonómica.
Conviene tener presente que el Gobierno dispone del 50% de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de modo que le bastaría el apoyo de una sola comunidad para sacar adelante la propuesta en este órgano multilateral.
Tras superar ese trámite, el modelo deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y, posteriormente, remitido al Congreso de los Diputados, donde necesitará una mayoría suficiente. La previsión del Gobierno es que entre en vigor en 2027 y que se logre un acuerdo amplio que garantice su estabilidad en el tiempo, aunque Montero sostiene que el PP no quiere “ni siquiera discutir” el nuevo modelo.
Ocho CCAA unidas por la despoblación
El debate sobre la financiación autonómica siempre ha evidenciado fuertes diferencias territoriales: algunas comunidades reclaman que se prime la dispersión geográfica, mientras otras ponen el foco en variables distintas.
En estos momentos, la mayoría de las autonomías demandan que el sistema refuerce los factores de despoblación y envejecimiento, por el impacto que tienen en el gasto que deben asumir sus presupuestos.
En concreto, son ocho las regiones que exigen situar estos elementos en primera línea: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Hace algunos años, el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su etapa al frente de la Xunta de Galicia para reunir a los otros siete ‘barones’ autonómicos y aprobar una declaración conjunta en la que defendían la inclusión de estos criterios, entre otros aspectos.
¿Qué CCAA piden la población ajustada?
Paralelamente, están las comunidades catalogadas como ‘infrafinanciadas’, que desde hace tiempo reclaman al Gobierno central la creación de un fondo de nivelación transitorio mientras se acomete la reforma integral del modelo de financiación autonómica.
Estas mismas autonomías insisten en que el nuevo sistema dé un peso decisivo a la población ajustada: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
PIB o insularidad
Por otro lado, las tres grandes comunidades en términos de peso económico —Madrid, Cataluña y Baleares— defienden que el futuro modelo tenga en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) regional.
A su vez, Baleares y Canarias reclaman que se incorporen criterios de insularidad para compensar los sobrecostes derivados de esta condición dentro del esquema de financiación que elabora Hacienda.
En todo caso, el Ejecutivo subraya que cualquier pacto sobre el modelo de financiación autonómica debe sustentarse en un entendimiento entre las dos grandes fuerzas estatales, lo que obliga a acercar posiciones entre PSOE y PP.
Por este motivo, el Gobierno está presionando a la dirección nacional del PP para que fije una postura común de cara a la negociación, teniendo en cuenta que sus distintos ‘barones’ autonómicos están defendiendo criterios muy dispares.