El secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya, ha defendido este jueves que el debate sobre la financiación autonómica es “legítimo” y se ha mostrado dispuesto a abordar la incorporación del criterio de despoblación en el nuevo modelo diseñado por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, ha admitido que cada comunidad autónoma defiende “lo que considera” que más le beneficia.
En la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, Boya ha contestado a una cuestión planteada por la senadora del PP Emma Buj, quien le había preguntado de forma directa si el Gobierno entiende que el factor de despoblación debe figurar en el sistema de financiación autonómica.
“Evidentemente, si queremos llevar, y a mí me parece muy legítimo, el debate sobre la financiación autonómica, hay que hacerlo. Cada comunidad autónoma está defendiendo lo que considera que son sus argumentos y que le favorecen más (...). Los criterios son muy distintos”, ha señalado el secretario general, subrayando la diversidad de posiciones entre territorios.
Boya ha defendido que el nuevo esquema de financiación “beneficia” al conjunto de las comunidades, ya que, según ha indicado, ninguna “va a salir perdiendo”. No obstante, ha reconocido que estos asuntos “siempre son discutibles” y ha animado al Partido Popular a presentar de manera concreta sus propuestas y alternativas.
El responsable del Reto Demográfico ha puesto en valor la “abrumadora” mejora del medio rural y del marco competencial alcanzada en los últimos años, que ha vinculado a iniciativas como la recién presentada Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, aunque ha reconocido que “todo es mejorable”.
“La estrategia va a ser un paso muy importante en este sentido y yo les invito a que se sumen porque es una oportunidad para este país, y más allá de quién gobierne y el color político que lo haga, lo importante es que en materias que son de largo alcance y que trascienden las legislaturas seamos capaces de ser sólidos”, ha concluido Boya, reclamando acuerdos estables en políticas de largo recorrido.