El Gobierno pisa el acelerador para regularizar la situación de migrantes que se encuentren en España desde antes del 31 de diciembre de 2024. En el marco de la ILP de regularización de migrantes (ya proposición de ley, puesto que fue tomada en consideración), el Ejecutivo ha remitido a los grupos parlamentarios un borrador con su propuesta, a la que ha tenido acceso Demócrata. Pretende, entre otras cosas, subsanar algunos errores del Real Decreto sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado el pasado mes de noviembre y que entra en vigor este 20 de mayo.
La Proposición de Ley para una regularización extraordinaria, cuya génesis es la ILP impulsada por Regularización Ya, superó la toma en consideración en abril del año pasado y, desde entonces, ha permanecido bloqueada. Hasta ahora.
El Ejecutivo ha planteado a los grupos parlamentarios introducir una Disposición transitoria primera en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para regular que, en el plazo máximo de seis meses, el Gobierno apruebe un Real Decreto que plasme el procedimiento y los requisitos para la obtención de una nueva autorización por circunstancias excepcionales única, que habilita a residir y trabajar en todo el territorio nacional, para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024 y que cumplan dichos requisitos.
Según fuentes de la ponencia consultadas por Demócrata, esta propuesta no abre grandes debates o plantea modificaciones profundas. Únicamente compromete al Gobierno a elaborar un nuevo Reglamento para, entre otras cosas, solventar algunas situaciones devenidas de la última actualización, que ha entrado en vigor este martes 20 de mayo.
Si bien el último Reglamento aprobado (vía Real Decreto) mejora y flexibiliza los requisitos para que las personas extranjeras puedan obtener una autorización de residencia, existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo. Como, por ejemplo, personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad.
Por ello, el Ejecutivo propone establecer un “régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo” regulando una nueva autorización por circunstancias excepcionales única para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España antes del 31 de diciembre de 2024, y siempre y cuando cumplan una serie de requisitos que se establecerán por Real Decreto.
¿Cómo?
Dado que la proposición de ley se encuentra en fase de ponencia, para integrar la propuesta, el Gobierno ha de transaccionarla. Sumar estaría a favor, pero no da por cerrada la negociación, entre otras cosas, porque ya pactaron una enmienda parcial conjunta que moldeaba la iniciativa. Ahora, esa enmienda conjunta está sujeta a negociación, al igual que la potencial enmienda transaccional.
El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar celebra que el Gobierno se haya puesto “el mono de trabajo” y comande las negociaciones para concretar a la mayor celeridad posible la regularización de migrantes; ya que hasta entonces, era el propio Sumar el que presionaba para ello.
¿Cuándo?
Fuentes de la ponencia señalan que aún no se ha convocado a la misma, pero se espera que se haga “lo más rápido posible” para aprovechar la ventana de oportunidad. En cualquier caso, no es un problema de plazos, sino de voluntad.
Y es que, hay otras enmiendas a la iniciativa que se han de discutir y sobre las que no hay un consenso. Se habla de tres bloques. El primero, sobre la “fecha de corte”, que el Ejecutivo pretende cerrarla en el 31 de diciembre de 2024.
El segundo bloque está relacionado con las demandas de Partido Popular y PNV de vincular la regularización con un arraigo laboral (contrato de trabajo).
Por último, Junts presiona para que le sean transferidas las competencias migratorias. En este sentido, cabe recordar que PSOE y Junts ya pactaron una proposición de ley para delegar las competencias migratorias a Catalunya que está pendiente de ser elevada al Pleno para su toma en consideración.