(Actualización a las 14:45 horas)
El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo decreto-ley con parte de las medidas derogadas por el Congreso la pasada semana, tras alcanzar un acuerdo con Junts.
Pese a tratar de recuperar en su integridad el decreto-ley, la decisión final del Gobierno ha sido aprobar este martes al menos las medidas sociales, entre ellas las ayudas al transporte, la subida de pensiones y toda la prórroga del conocido como ‘escudo social’, como las garantías contra los desahucios.
Estas garantías habían sido señaladas por PP y Junts como justificación de su voto en contra el pasado miércoles, acusando al Gobierno de favorecer la ocupación de viviendas de forma ilegal tras un impago en las rentas del alquiler.
Nueva medida: garantías y avales al alquiler
En materia de vivienda, como novedad, el Ejecutivo ha decidido el sistema de público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, una de las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez el pasado 13 de enero.
Otras medidas incluidas en el nuevo decreto-ley son las medidas de apoyo a personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma o la prórroga del conocido como ‘escudo antiopas’
Medidas que se caen (e irán en otro decreto-ley)
Pese a prorrogarse todas las medidas de carácter social, el decreto-ley no será el mismo que derogó el Congreso. Se caen, por ejemplo, varias medidas tributarias, como la prórroga del Plan Moves con ayudas e incentivos a la compra de vehículos eléctricos o la actualización de las entregas a cuenta.
También quedan fuera la rebaja de peajes en un 80% para la industria electrointensiva, las modificaciones en el impuesto a la banca para endurecerlo en caso de fusiones, o la modificación de la Ley de la Sociedad de la Información para trasponer la directiva europea de servicios digitales.
«El Gobierno ya está negociando para poder aprobarlo en semanas», aseguró Sánchez, en su comparecencia ante los medios de comunicación al término del Consejo de Ministros.
Acuerdo con Junts
Para asegurar su convalidación en el Congreso –debe votarse en la Cámara en el plazo de un mes–, el Gobierno ha priorizado alcanzar un acuerdo primero con Junts, sin depender así de que el PP, dispuesto a votar las medidas por separado, pudiera facilitar la abstención o el apoyo.
El acuerdo, tal y como reconocieron los de Puigdemont en un comunicado, supone retomar las negociaciones, ‘congeladas’ desde hace casi dos semanas por la falta de confianza y el incumplimiento de acuerdos ya alcanzados por parte del PSOE.
Entre ellos, el traspaso integral de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya, pactado para convalidar hace justo un año la primera ronda de decretos-ley del recién constituido Gobierno de coalición –entre ellos, un decreto-ley con la prórroga de medidas ‘anticrisis’–.
El acuerdo prevé, además, la tramitación de la proposición no de ley impulsada por Junts para exigir al presidente Sánchez una moción de censura, una iniciativa que aún no ha sido calificada por la Mesa del Congreso al aplazar PSOE y Sumar esta decisión. La iniciativa deberá ser reformulada y, en cualquier caso, no supone una moción de confianza, que sólo puede presentar el presidente, ni vincula u obliga al Gobierno de ningún modo.
Cambio de guión
A primera hora de la mañana, fuentes de la Secretaría de Estado aseguraban a Demócrata que no habría un nuevo decreto-ley ómnibus este martes, a la espera de definir cómo y cuándo volver a aprobarlo.
Otras fuentes del Gobierno, sin embargo, dejaban aún abierta la decisión, que poco antes de mediodía era unánime: habría decreto-ley sí o sí. Sólo quedaba perfilar qué entraría y qué quedaría fuera.
Para dar tiempo a la negociación, el Ejecutivo decidió retrasar el propio Consejo de Ministros, que no ha arrancado hasta las 12:30 horas, y adelantar el Consejo de Seguridad Nacional.
Tras la derogación la semana pasada del decreto-ley, con los votos de PP, Vox y Junts, todos los grupos de la Cámara emplazaron al Gobierno a aprobar de nuevo las medidas.
Particularmente, incluso, aquellas fuerzas que provocaron su derogación, PP y Junts, pidieron durante el debate aprobar las medidas en decretos-ley separados, para así salvar los descuentos en el transporte y la subida de las pensiones.
Puede consultar aquí las medidas que fueron derogadas por el Congreso en el citado decreto-ley anticrisis.