La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado la primera ley de derechos de la Juventud. En su comparecencia ante la comisión de Juventud e Infancia del Congreso, ha expuesto las principales líneas maestras de su hoja de ruta para la legislatura. Se ha comprometido a aterrizar al plano efectivo el artículo 48 de la Constitución Española, relativo al desarrollo político, social y económico de los jóvenes; y ha adelantado modificaciones en la estructura judicial y cambios legislativos para proteger a los menores de la violencia, incidiendo especialmente en los entornos digitales.
El artículo 48 de la Carta Magna reza que “los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Rego ha garantizado que desde el ministerio trabajará junto al resto de carteras del Gobierno, comunidades autónomas, organizaciones y expertos para que se haga efectivo y real. Así, y con un enfoque transversal, ha comunicado que se aprobará una ley de Juventud que pivotará en torno a cuatro ejes:
- Derechos económicos y cobertura social, que comprendería políticas de Empleo específicas, de vivienda y servicios públicos.
- Derechos democráticos, para canalizar la participación política.
- Salud mental y bienestar.
- Crisis eco-social, justicia intergeneracional y derechos de las generaciones futuras.
La ministra ha lamentado las cifras de desempleo juvenil y la precariedad laboral. “No son un problema nuevo”, ha dicho, apuntando a que ya se está colaborando con Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo para aprobar el nuevo Estatuto del becario, implementar planes de Empleo juvenil y, de la mano del Injuve (Instituto de la Juventud) y de la Inspección de Trabajo, emprender campañas informativas para que lo jóvenes conozcan sus derechos y puedan defenderlos.
En materia de Vivienda, se ha limitado a pedir a las comunidades autónomas que apliquen los topes de precios diseñados en la ley de Vivienda aprobada durante la XIV Legislatura para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y, en consecuencia, su emancipación.
Pobreza infantil y salud mental
Sira Rego dice ser consciente de la gravedad que se desprende de las cifras de pobreza infantil en España, que se sitúan en un 27,8%. En este sentido, ha defendido que los recursos públicos están funcionando ya que, sin ellos, los datos serían aún peores, alcanzando en torno al 40,2%. “El escudo social fue determinante”, ha remachado. Por ello, una de las vías de actuación será mejorar y ampliar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La salud mental será otro pilar sobre el que se asentarán buena parte de las políticas desplegadas por Juventud e Infancia. El suicidio es la primera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 19 años, se ha aumentado el malestar emocional y disparado la ansiedad, la angustia y las tasas de aislamiento y soledad no deseada. Rego ha asegurado que ya está trabajando con otros ministerios como el de Sanidad para diseñar e implementar un plan de choque. Asimismo, considera que la mejora de las condiciones materiales de manera que se incrementen las esperanzas de futuro ayudaría a atajar el asunto.
Justicia y protección a la infancia
La ministra ha manifestado que su intención es focalizar buena parte de los esfuerzos de su cartera a las violencias contra la infancia. Uno de sus objetivos de legislatura es profundizar en el desarrollo de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Con este marco, prevé consumar la unificación del Registro de servicios sociales sobre violencia contra la infancia. Está pendiente la aprobación del documento base que permitirá a las comunidades autónomas la creación del registro. Ya se ha avanzado en la plataforma digital y en los próximos meses comenzarán proyectos piloto. En paralelo, se articulará el Registro central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia, una iniciativa interministerial.
Rego ha anunciado que, en el seno de la LOPIVI y de la mano de la ley de eficiencia organizativa, se pondrán en marcha los Juzgados de especialización en materia de infancia y familia.
En el seno de la LOPIVI y de la mano de la ley de eficiencia organizativa, se pondrán en marcha los Juzgados de especialización.
Otro gran proyecto son las denominadas Casas de la infancia. Se trata de un modelo que proporciona atención integral a niños y niñas víctimas de abuso sexual y maltrato. El objetivo es el acceso a la justicia de una forma amigable, con metodologías adaptadas para ellos. Todo se desarrollaría en el mismo lugar, con decoración adaptada, evitando los ambientes similares a los hospitales y comisarías. Estas casas también evitarían que las víctimas tengan que desplazarse para contar y revivir su historia, haciendo que el proceso no suponga otra experiencia traumática.
El objetivo de las Casas de la infancia es hacer más cómodo el acceso a la Justicia de los menores y evitar procesos que abunden en el trauma.
Se desplegarán también medidas para luchar contra la violencia vicaria. El Ministerio de Juventud e Infancia ya está negociando con la Fiscalía General para poder concretas los ejes de actuación y elaborar un protocolo.
Los riesgos tecnológicos
El Gobierno trabajará por construir entornos digitales seguros ya que los menores son especialmente sensibles. La edad media del primer móvil es antes de los 11 años (10,7), cuatro de cada 10 se conectan a internet, el 42% ha recibido mensajes de contenido erótico o sexual y uno de cada 10 reciben proposiciones sexuales por parte de adultos, según los datos facilitados por la ministra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció una ley para proteger a los menores del acceso a contenidos pornográficos, y Rego ha reiterado el compromiso. Para concretarlo, se ha configurado un grupo de 50 expertos y expertas y se recabarán opiniones de jóvenes y niños, lo que a su vez, incidiría en su participación política.
Migrantes
La ministra ha puesto el foco en la mejora ante crisis humanitarias y flujos migratorios. Se ha fijado reforzar los mecanismos de protección a infantes y adolescentes migrantes. El modelo de contingencia implicaría la colaboración de las comunidades autónomas, con especial atención en Canarias. Sira Rego ha explicado que contempla medidas legislativas de reparto vinculante y solidario de migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.