El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este lunes en la reunión interparlamentaria socialista de inicio de curso que el Consejo de Ministros aprobará este martes el Plan de Acción por la Democracia; una estrategia de regeneración con la que pretende “dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías” a las Cortes Generales y al “ecosistema informativo”.
El propósito es claro, la pregunta es el cómo, puesto que Sánchez no ha profundizado más allá de lo que ya expuso ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio. Entonces, anunció una reforma de la Ley de Publicidad Institucional para revisar la financiación por parte de las administraciones públicas, medidas para fomentar la transparencia y 100 millones para digitalizar medios.
Cimientos europeos
La iniciativa descansaría sobre los pilares del Reglamento de Libertad y Medios de Comunicación por el que se establece un marco común para los servicios de medios y se modifica la Directiva 2010/13. Con ella, se pretende que los medios de comunicación informen sobre la propiedad de los mismos y reformar la publicidad institucional para limitar la financiación de administraciones a lo que califica como “pseudomedios”.
En lo que al Gobierno respecta, los socialistas plantearán nuevas medidas de transparencia y participación ciudadana, como la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y una nueva ley de Administración Pública abierta que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental.
Publicidad institucional y financiación de medios
Para fomentar la transparencia, la independencia, el pluralismo y la protección de los profesionales de la información, Sánchez enumeró una serie de reformas legislativas para incorporar al ordenamiento nacional el Reglamento Europeo de Medios que, entre otras cosas, esbozaría nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias.
El Plan obligaría a los medios a informar de sus fuentes de financiación, del nombre de sus propietarios o accionistas y de sus cifras reales de audiencia.
En sintonía, se limitaría la financiación que las administraciones públicas puedan dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores. Este punto, además, forma parte de la estrategia de los socialistas para atajar la difusión de bulos y fake news. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incluso afirmó que el objetivo es evitar que se financien a “pseudomedios”.
De igual forma, se reformará la Ley de Publicidad Institucional para actualizarla bajo la justificación de que se aprobó hace 20 años, cuando primaba el papel y no existían las redes sociales.
Adicionalmente, se concederá 100 millones de euros provenientes de Fondos Europeos en ayudas para la digitalización de los medios de comunicación, con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad.
Independencia, pluralismo y protección
Sánchez deslizó ante el Congreso que implementaría medidas para evitar las presiones del ámbito político y empresarial; así como la concentración de medios en pocas manos; pero no entró en detalle.
Seguridad Ciudadana
El paquete incluiría medidas para asegurar los derechos de los medios de comunicación y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales, e iniciativas encaminadas a reforzar los derechos al honor y la rectificación.
De igual forma, Sánchez manifestó su intención de retomar la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aunque de momento, únicamente en lo referido a la libertad de expresión, lo que impactaría en los delitos de injurias a la Corona.
Cortes Generales
El Plan de Acción por la Democracia implicaría al Poder Legislativo. Sánchez apuesta por reformar los reglamentos de Congreso y Senado para endurecer las sanciones a diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta.
Por último, el Ejecutivo podría plantear una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para implementar la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación, así como publicar los microdatos y la metodología de estimación de resultados de todas las encuestas.