El equipo de gobierno que encabeza el alcalde Luis Barcala (PP) en el Ayuntamiento de Alicante ha reiterado este martes que “se hizo todo como se tenía que hacer” en lo relativo a los programas de bonos comercio impulsados en la ciudad.
Así lo ha manifestado la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, durante la comparecencia ante los medios celebrada junto al vicealcalde Manuel Villar tras la reunión de la junta de gobierno local. “Estamos convencidos”, ha añadido la edil.
Cutanda ha remitido a la nota de prensa difundida por el consistorio el pasado viernes, en la que se recogían las manifestaciones de la concejala de Comercio, Lidia López. En ese comunicado, la edil subrayaba que el Ayuntamiento “nunca” ha tramitado sus diferentes campañas de bonos consumo con la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) y que “en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía”.
En dicha nota, López detallaba además que el consistorio alicantino “gestionó directamente” la primera edición de estos bonos en 2021 y que “las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales”, pero “nunca” con Facpyme.
“Nuestra gestión ha sido completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización”, recalcó la responsable de Comercio.
Estas manifestaciones se trasladaron a los medios el pasado viernes, el mismo día en que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, quedó en libertad con cargos tras su detención en el marco de las diligencias abiertas hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia vinculada con el programa de bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.
El PSPV exige acceso a los expedientes
Por otro lado, la portavoz adjunta del PSPV en el Ayuntamiento, Trini Amorós, ha solicitado al gobierno local “los expedientes completos de la tramitación y gestión del bono gastronómico que el Ayuntamiento, a través del Patronato de Turismo, gestionó a través de un convenio con la Cámara de Comercio durante las anualidades de 2022 y 2023”.
Esta petición documental se suma a la registrada el lunes, cuando el grupo socialista reclamó a Barcala “documentación justificativa de la gestión de las campañas de los bonos comercio en 2022, 2023 y 2024” en la ciudad de Alicante.
“Queremos saber si el gobierno de Barcala fiscalizó que no se subcontrataran los servicios con otras empresas u organizaciones que en estos momentos están siendo investigadas. Si se hizo así, reclamamos conocer toda la información sobre quién lo hizo. En los convenios firmados por el Ayuntamiento se establecían mecanismos de control y queremos los expedientes completos para comprobar si el gobierno del PP fue diligente”, ha señalado Amorós.
Y ha insistido: “En un momento en el que la Fiscalía Anticorrupción está investigando, Barcala debe despejar cualquier tipo de duda y aportar toda la documentación para que los grupos de la oposición puedan ejercer su derecho a la fiscalización sobre cómo se gestionó el dinero de los alicantinos y alicantinas”.