No habrá suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. El Gobierno impedirá la tramitación de esta medida, incluida como enmienda a la trasposición de la reforma del régimen de derechos de emisión de CO2.
La propuesta, impulsada por Junts, fue pactada con el PP e incorporada con apoyo de ERC y PNV durante la discusión del proyecto en fase de ponencia. El Gobierno quería aprobar la iniciativa en diciembre, pero la enmienda trastocó sus plan. PSOE y Sumar, minoría en la Cámara pero mayoría en la Mesa de la Comisión, suspendió la sesión de la Comisión que debía aprobar la propuesta y hasta hoy.
Este lunes la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó en la propia Comisión sus planes: buscará aprobar la trasposición de la directiva europea pero ‘limpia’ de enmiendas no deseadas por el Ejecutivo. Aagesen responsabilizó a la oposición de haber “trabado” el proyecto en “una situación de bloqueo ante la inclusión de tantas y tantas enmiendas”.
La vicepresidenta no especificó en ningún momento qué hará con el proyecto, si dejarlo ‘congelado’ en el cajón, sin convocar la Comisión para su aprobación, o directamente retirarlo de la tramitación.
¿Eximir a las renovables del impuesto?
Sí que adelantó ante la Comisión su disposición a estudiar una aplicación limitada del impuesto, eximiendo a las instalaciones de generación renovable.
“Creo que eximir del pago del IVPEE para las renovables es algo que deberíamos analizar y ver”, afirmó durante su comparecencia en la Cámara Baja, a la que acudió para informar de sus prioridades de su mandato al frente del Ministerio.
Además de la suspensión del ‘otro’ impuesto energético –no el gravamen recientemente derogado, sino otro impuesto que grava al 7% la electricidad generada por las instalaciones—, PP y Junts aprobaron otra enmienda para mandatar al Gobierno a convocar nuevas subastas de generación.
Aagesen justificó la negativa del Gobierno en su afección presupuestaria y en la sostenibilidad del sistema eléctrico, particularmente en el posible aumento de costes para los consumidores. “Si no entran recursos, tienen que entrar por otro lado”, explicó.
Concretamente, la enmienda aprobada por la Comisión prevé aplicar un tipo del 0% en este impuesto siempre y cuando el sistema eléctrico no genere déficit de tarifa.
En las condiciones actuales supone la suspensión de este impuesto, ya que el sistema viene registrando superávit, especialmente en los dos últimos años. En 2023 cerró con un desfase positivo de 3.299 millones de euros y el anterior ejercicio registró un superávit histórico de 6.190 millones.
La suspensión de este impuesto fue una de las medidas a las que se acogió el Gobierno durante la pasada legislatura para amortiguar la escalada en el precio de la electricidad. De hecho, fue la que mayor impacto tuvo en la recaudación. Entre 2021 y 2022 esta medida supuso una rebaja de ingresos de más de 4.100 millones de euros.
La supresión tendría un impacto de 1.500 millones de euros en las arcas públicas, según las estimaciones remitidas al Congreso por el Ministerio de Hacienda, que trató de vetar las enmiendas. No pudo hacerlo por la ausencia de un diputado del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, que se ausentó ese día de la Mesa de la Comisión.