QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con el acuerdo para ampliar y prorrogar la intervención de los alquileres fresco, el Gobierno de coalición ha pedido el Congreso habilitar enero para tramitar la Ley de Vivienda.
Es la principal tarea pendiente del Ejecutivo y ambos socios saben que, conforme avance el año, será más difícil llegar a un acuerdo y más fácil que naufrague con el fin de legislatura.
Con vistas a evitarlo, el Gobierno ha solicitado habilitar enero para avanzar en la tramitación de esta norma, en permanente atasco, ahora en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene aún pendiente de constituir su ponencia.
Tras protagonizar la negociación de los dos primeros Presupuestos de la coalición, el proyecto de ley salió del Consejo de Ministros rumbo a las Cortes Generales el pasado 1 de febrero.
Atascada en Comisión desde finales de abril
Superado el debate de totalidad, el plazo para registrar enmiendas parciales acabó a finales de abril, sin que los socios de Gobierno lleguen a un acuerdo ni sumen los apoyos suficientes para desbloquear la ley.
Las principales discrepancias giran en torno a la regulación de los precios del alquiler, limitada en el proyecto a viviendas de grandes tenedores (más de 10 propiedades) y las garantías para impedir desahucios sin alternativa habitacional.
Cuestiones reivindicadas desde los colectivos de vivienda y que, pese a los avances logrados en el resto de frentes, seguían dividiendo a los socios por la resistencia del PSOE, que alega dudas jurídicas.
En todo caso, PSOE y Unidas Podemos no pueden sacar en adelante la norma, que rechazan de lleno PP, Vox, Ciudadanos, y que tampoco es del agrado de socios habituales como PNV o PDeCAT (trataron de tumbarla en el debate de totalidad).
El Gobierno, por tanto, está obligado a sumar mayoría con ERC y Bildu, que han emplazado al PSOE a aceptar las enmiendas de los movimientos sociales y, por otro lado, no afectar ni las competencias autonómicas en materia de vivienda ni rebajar el alcance de la regulación catalana.
Enmienda ‘antiokupas’ y Mordaza
Conforme establece el Reglamento del Congreso, los períodos ordinarios de sesiones comprenden de febrero a junio y de septiembre a diciembre, pudiendo sólo celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso.
No es la única iniciativa para la que el Gobierno ha pedido habilitar el primer mes del año. También para el proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa de la Justicia, en la que el PSOE ha logrado introducir una enmienda para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente.
Por otra parte, los grupos parlamentarios que conforman el Ejecutivo, apoyados por sus socios habituales –ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País– y también por Ciudadanos, han solicitado la celebración de sesiones extraordinarias de ponencia y Comisión para tramitar y, en su caso, aprobar, la reforma de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’.
Las formaciones de Gobierno y buena parte de sus socios también han pedido, en este caso con el PP, activar en enero los trabajos de la subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género y la ponencia para el estudio del fenómeno de la desinformación y de las fake news.
