El Gobierno reconoce la persecución franquista contra el sindicalista Ulpiano Alonso

El Gobierno anula la condena franquista al sindicalista Ulpiano Alonso y reconoce la persecución política que sufrió como víctima de la represión.

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El Gobierno acredita que Ulpiano Alonso sufrió persecución ideológica en el franquismo AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

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El Gobierno ha ratificado que Ulpiano Alonso fue objeto de persecución por motivos políticos e ideológicos durante la dictadura franquista mediante una declaración de reconocimiento y reparación personal emitida en nombre del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En dicho documento se califica de ilegal e ilegítimo al tribunal que lo juzgó, figura clave del sindicalismo y la política del siglo XX, y se deja sin efecto la condena que se le impuso por razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencias religiosas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura.

Esta resolución subraya “el compromiso del Estado con la justicia, la verdad y la reparación”, con el objetivo de rendir tributo a la dignidad de las víctimas y garantizar la preservación de su memoria como elemento esencial de la historia democrática. El pronunciamiento nace de una moción presentada en el Ayuntamiento de Sagunt (Valencia) por EU-Unides Podem y enmendada por el PSPV en el pleno ordinario celebrado el pasado mes de noviembre.

“Hoy podemos afirmar que se ha hecho justicia democrática. Este acto no borra el dolor ni devuelve el tiempo perdido, pero sí que restituye su dignidad y el honor de su familia”, afirma el concejal de Memoria Histórica y Democrática de Sagunt, Roberto Rovira. Asimismo, expresa su gratitud a los familiares y recalca que “la memoria no es abrir heridas, sino cerrarlas con la verdad, con justicia y con reparación”.

“Las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de reparar simbólicamente a quienes fueron perseguidos por defender la libertad y la democracia. Y hoy Sagunt honra a una víctima de la represión y reafirma su compromiso con los derechos humanos, con la memoria y con la dignidad”.

Ulpiano Alonso, “el alma de la UGT”

Ulpiano Alonso nació en Barruelo de Santullán (Palencia) el 7 de septiembre de 1897 y fue ejecutado el 17 de noviembre de 1939 en Paterna (Valencia) junto a otras 45 personas. Los restos de todos ellos fueron arrojados a la fosa 95 del cementerio de esta localidad, que ha sido exhumada recientemente.

Se trasladó a Puerto de Sagunto (Valencia) a mediados de 1925 junto a su esposa y su hija mayor. Más tarde, ya instalado en Sagunt, nacieron sus otras dos hijas. Desarrolló su carrera profesional en la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, donde llegó a ser capataz del tren 28 de laminación y representante de la plantilla en el Jurado Mixto del Trabajo de Metalurgia y Siderurgia. En el entorno obrero se le conocía como “el alma de la UGT”.

Además, Ulpiano Alonso fue presidente del Círculo Recreativo Ferroviario y de la Cooperativa de Empleados y Obreros de las Compañías Siderúrgica del Mediterráneo, Minera de Sierra Menera y Naviera Sota y Aznar, popularmente llamada la COPE. También integró el grupo de trabajadores que el 24 de abril de 1932 impulsó la creación de la agrupación local del PSOE, de la que se convirtió en su primer presidente.

En 1936, ya iniciada la Guerra Civil, fue elegido presidente del Comité de Control de la Fábrica. Las instalaciones se transformaron entonces en el principal centro de producción de armamento de la República, que mantuvo su actividad pese a los 134 bombardeos sufridos en la planta y en la población, y a la necesidad de trasladar parte del proceso de fabricación a Cieza (Murcia) en septiembre de 1938.

Por esta labor, la ciudad recibió la Medalla del Valor y las obreras y obreros de la factoría fueron distinguidos con la Medalla del Deber. Al finalizar la contienda, Ulpiano Alonso fue arrestado el 24 de abril de 1939 y pasó siete meses en las prisiones habilitadas en Sagunt para recluir a las personas consideradas desafectas al régimen franquista. Durante ese periodo fue sometido a un juicio sumarísimo por adhesión a la rebelión, en el que no se le permitió escoger abogado, aportar pruebas, presentar testigos, solicitar careos ni recurrir la sentencia ante una instancia superior, tal y como ocurría de forma habitual en este tipo de procesos.