Nuevo aplazamiento, y ya van 23. El Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud; también conocido como ‘ley Darias’, tuvo este martes una nueva prórroga del plazo de enmiendas, hasta el próximo 15 de marzo. La coalición del Gobierno gana tiempo para acercar posturas en el principal punto de fricción: las privatizaciones en sanidad. PSOE y Unidas Podemos aún no han llegado a un acuerdo y el tiempo apremia. El 22 de febrero hubo una reunión a tres bandas: dos diputados socialistas, dos diputados morados y dos representantes del Ministerio de Sanidad. La cita concluyó sin atisbo alguno de pacto y, tal es el bloqueo, que los morados han hecho un último ofrecimiento al socio mayoritario y, según reprochan, “aún no han respondido”.
La ley pasó la toma en consideración del Congreso el 22 de septiembre y, desde entonces, dormita en la comisión de Sanidad y Consumo al calor de las 23 ampliaciones del plazo de enmiendas. Uno de los principales puntos de la ‘ley Darias’, que no el único ni mucho menos, cerca las privatizaciones en sanidad, avaladas por la ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, rubricada por José María Aznar. PSOE y Unidas Podemos firmaron en el pacto de investidura “avanzar en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. Para ello, se comprometieron a “revisar” la antecitada ley del Ejecutivo de Aznar.
El artículo 1 del Proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema nacional de Salud modifica la ley General de Sanidad (14/1986, de 25 de abril) para limitar las privatizaciones. No obstante, las excepciones son tantas que, según la formación morada, no quedan limitadas ni mucho menos. La reforma de los socialistas apuesta por añadir un artículo 47 que recogería que “la gestión y administración de las estructuras y servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud se llevará a cabo de manera directa: a) por la administración competente; b) a través de entidades entre las que conforman el sector público institucional estatal, autonómico y local; c) mediante la creación de consorcios creados por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional.
Es en el punto dos de este artículo cuando se fija que “de forma excepcional, justificada y motivada”, se “podrán establecer conciertos o recurrir a cualesquiera de los contratos regulados en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como a cualesquiera de las fórmulas de colaboración previstas en la ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Las razones que amparan a las administraciones a las privatizaciones serían la “utilización óptima de sus recursos sanitarios propios”, “la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones” y “la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a las establecidas en el apartado 1”.
Derogar la ley de Aznar, punto de partida
Tal y como está redactado, el PSOE deja abierta la puerta a las privatizaciones; motivo por el cual los morados no apoyarían el articulado. De hecho, fuentes del partido admiten que facilitaron la toma en consideración el pasado septiembre después de una conversación entre el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que ésta última se comprometió con el primero a modificar personalmente el artículo 1 del Proyecto de ley. Han pasado ya casi seis meses y no se ha tocado ni una coma. “Hemos tenido varias reuniones y no conseguimos llegar a un acuerdo, así que en la última, la del 22 de febrero, ofrecimos al PSOE un punto intermedio”, explican. Esa oferta incluye suprimir todo el artículo 1 de la ley Darias y sustituirlo por un único punto que derogue la ley 15/1997 del Gobierno de Aznar. “Aún no nos han respondido”, lamentan los morados. Este extremo ha sido confirmado por el Grupo Socialista, que esgrimen que “no hemos respondido porque seguimos hablando con todos los grupos”.
Cabe recordar que la ‘ley Darias’, atesora una disposición derogatoria única que afecta a todas las “disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ley”, y se hace referencia expresa a la ley 15/1997. No obstante, desde Unidas Podemos consideran que nada cambiaría porque el artículo 1 enumera una serie de salvedades que avalan las privatizaciones. En consecuencia, apuestan por derogarla, pero sin que sea sustituido por otro precepto.
Las enmiendas de máximos
Unidas Podemos ha ofrecido un acuerdo de mínimos al PSOE para desbloquear la ley Darias, pero no ha renunciado a sus máximos. Los morados han registrado un montante total de 11 enmiendas. La primera, relacionada con las antecitadas excepciones para las privatizaciones. En su redacción, urgen a las administraciones públicas a “planificar y proveer de todos los recursos humanos y materiales” para “garantizar la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarias a través de la gestión directa”, sin tener que recurrir al sector privado, al que únicamente se recurrirá “de forma excepcional” y “justificada en razones de extraordinaria y urgente necesidad”. Además, la externalización de los servicios deberá ajustarse al tiempo estrictamente necesario para resolver “las razones que la justifican” y no deberá exceder “un año de duración”. Tampoco podrán ser objeto de externalización el servicio de asistencia sanitaria integral que tenga carácter estructural o centros de salud con vocación de permanencia, como”hospitales, centros de asistencia ambulatoria o centros de atención primaria”. Por último, las gestiones indirectas prestadas mediante concierto no podrán ser prorrogadas a su término.
Los morados justifican estas modificaciones alegando que “consideramos necesario concretar lo que se entiende por circunstancias excepcionales que habilitan la externalización del servicio público sanitario a entidades privadas, que entendemos sólo debe poder hacerse ante circunstancias imprevistas y extraordinarias, que requieran una atención con carácter de urgencia, y que no puedan ser atendidas por los servicios propios”. “Es necesario también acotar la duración de tales externalizaciones con un plazo corto, no superior a un año, tiempo a partir del cual entendemos que debe entenderse que cualquier servicio sanitario ha de ser considerado estructural y su prestación debe hacerse por medios propios de los servicios públicos de salud”, insisten.
“Por otro lado, se propone eliminar la referencia a las mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS del artículo por considerarlas innecesarias y redundantes con la DA19 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público”, remacha la enmienda.
En sintonía, la enmienda número dos modifica el apartado dos del artículo primero para adecuar la redacción del mismo, de manera que guarde coherencia con el anterior punto. Así, proponen cambiar la palabra “centros” por “servicios”, ya que los centros no podrían ser susceptibles de ser concertados. Además, añaden unas líneas para prohibir conciertos con entidades sanitarias que tengan contratado personal público: “Las administraciones públicas sanitarias no podrán colaborar, concertar ni adjudicar bajo ninguna forma de contratación pública servicios sanitarios públicos a aquellas entidades sanitarias privadas que empleen a personal sanitario que simultáneamente se encuentre prestando servicios para el sector público sanitario de gestión directa”. A su juicio, esta adición evitaría “la erosión del sistema público sanitario que produce la derivación fraudulenta de pacientes del ámbito privado concertado al público para suplir la carencia de inversión en medios materiales y recursos humanos en las empresas sanitarias privadas”.
La enmienda cuatro también menta las privatizaciones, pero precisamente, para revertirlas. UP apuesta por añadir un nuevo apartado, el cuatro, para un nuevo artículo 49.bis a la ley 14/1986, General de Sanidad. Rezaría así: “Las Comunidades Autónomas podrán llevar a cabo procesos de desprivatización a fin de revertir la gestión indirecta de cualesquiera servicios, centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios en el marco del ordenamiento jurídico”. “Queremos marcar una vía legal clara para revertir las privatizaciones”, sentencian.