El Gobierno se plantea volver a retirar un proyecto de ley ante otro potencial rechazo del Pleno del Congreso. En el orden del día de este jueves figura el debate y votación de dos enmiendas de totalidad al Proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, una de Vox y otra de Junts. Al descolgarse este último, socio del Ejecutivo, Moncloa vuelve a depender del Partido Popular, y éstos no parecen por la labor de permitir su avance.
Según fuentes parlamentarias del Grupo Socialista, los ecos que llegan desde la bancada popular infieren que no está entre sus prioridades dar oxígeno al Gobierno facilitando la tramitación de cualquier proyecto de ley; y antes de cosechar una nueva derrota en el hemiciclo, como ocurrió con el rechazo a la toma en consideración de la proposición de ley para abolir la prostitución, valorarían retirar el texto, como ya tuvieron que hacer con la reforma de la ley del Suelo.
A favor, pero…
La iniciativa, que decayó la pasada legislatura con motivo del adelanto electoral, tiene por objeto crear un organismo que dote a los creadores de una herramienta para hacer frente a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en materia de derechos de autor, así como reforzar la actividad administrativa del Estado en esta materia para adaptar la regulación a las nuevas formas de consumo y difusión de contenido.
Ante el rechazo frontal de Junts, y a expensas de que otros socios se pronuncien, el Gobierno volvería a necesitar a los de Alberto Núñez Feijóo, que aún no han desvelado el sentido de su voto. En la pasada legislatura, se opusieron a la enmienda a la totalidad impulsada por Vox, permitiendo el avance del proyecto de ley, pero queda la duda de cuál será su posición en esta ocasión puesto que también votaron favorablemente a la abolición del proxenetismo y, en la actual legislatura, sin embargo, la rechazaron.
La enmienda de totalidad de Vox esgrime que el Proyecto de ley tiene por objeto la creación de un organismo autónomo, lo que implicaría un aumento del gasto público.
Por su parte, la formación independentista justifica su enmienda a la totalidad en que el articulado no tiene en cuenta el marco competencia de las Comunidades Autónomas, particularmente, en lo que respecta a la Generalitat de Catalunya.
Junts recuerda que el artículo 155 del Estatut d’Autonomia otorga a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual. Además, Catalunya ya dispone de un Registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
Tranquilidad ante una ley vital
La otra formación que compone el Gobierno, Sumar, por el momento mantiene la calma y es optimista. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado estar “convencido de que habrá un máximo consenso en el Parlamento”.
Cabe recordar que ya en la pasada legislatura el Gobierno priorizó la ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos argumentando que era necesario aprobarla antes que la ley del Cine. El Consejo de Ministros dio luz verde este martes, precisamente, el Proyecto de ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, por lo que un frenazo a la Oficina de Derechos de Autor trastocaría sus planes.
Moratoria de lanzamientos hipotecarios
El Congreso también debate este jueves la convalidación del decreto-ley aprobado el pasado mayo para prorrogar cuatro años más, hasta 2028, la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales en casos de especial vulnerabilidad.
Se trata de una medida pactada entre el PSOE y Podemos el pasado enero en la negociación para convalidar el último decreto-ley anticrisis. La medida se registró como enmienda en el Congreso, pero la parálisis legislativa durante la primavera dejó la propuesta en barbecho y la moratoria expiraba el 15 de mayo. Para evitarlo, el Ejecutivo aprobó un nuevo decreto-ley con una nueva prórroga.
El PSOE ha intentado confirmar en los últimos días los apoyos a este decreto-ley, sin llegar a asegurar el sentido de voto del PP, tampoco el de Junts. Esto dejaría también en el aire la supervivencia del decreto-ley, si bien en el grupo mayoritario del Gobierno ponen en duda que ambas formaciones quieran quedar señaladas por tumbar una medida de tal calibre.
De hecho, la suspensión fue aprobada en un primer momento por el primer Gobierno de Mariano Rajoy, en noviembre de 2012, y sucesivamente prorrogada en diferentes normativas que ampliaron sus supuestos.
La anterior prórroga se incluyó en uno de los primeros decretos-ley para afrontar la emergencia económica desencadenada por la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020. Entonces se prorrogó cuatro años, hasta mayo de 2024.