El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha afirmado que la pasarela costera de El Bocal, en Santander, que se derrumbó la semana pasada causando la muerte de seis jóvenes y dejando a otra persona gravemente herida, fue formalmente recepcionada por el Ayuntamiento en 2015.
“Si no me falla la memoria, en mayo de 2015 se firmó el acta de comprobación de las obras realizadas y, por lo tanto, se dio por recibida la obra”, ha desvelado el número dos del Ministerio para la Transición Ecológica este viernes, en una entrevista a la Cadena Ser Cantabria recogida por Europa Press. En la misma se ha referido a un documento por el que se firma el acta de comprobación de las obras realizadas, entre las que se encuentra la pasarela de El Bocal, y se hace “la recepción” de la obra, en presencia del interventor delegado, del asesor que le acompaña, y los representantes de la empresa que ejecutó los trabajos y de la dirección de obra.
“En ese momento, la obra se da por terminada y se permite la apertura al uso al público”, ha expuesto Morán, a quien no “cabe ninguna duda” de que la obra ha sido recepcionada.
Estas manifestaciones llegan diez días después del siniestro, tras el cual Costas —dependiente del Ministerio y responsable de la ejecución de las obras de la senda costera hasta su paralización por la contestación social generada— y el Ayuntamiento se han cruzado acusaciones sobre a quién corresponde el mantenimiento de las infraestructuras de este itinerario peatonal entre el faro de Cabo Mayor y La Maruca.
Tras el derrumbe, que está siendo investigado por la vía judicial, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha atribuido la “responsabilidad total” del mantenimiento de la senda y sus elementos a Costas, al entender que las obras no concluyeron y, en consecuencia, según su versión, el Consistorio no llegó a recepcionarlas. Morán rechaza tajantemente este planteamiento y sostiene que sí fueron recibidas en mayo de 2015.
“Si esto no fuese así, si lo que el Ayuntamiento argumenta en estos momentos es que la obra no estaba finalizada, creo que estaría generando una duda respecto a quienes tenían en ese momento la responsabilidad de la ejecución del convenio, que era el Ministerio y el Ayuntamiento”, ha planteado el secretario de Estado.
A renglón seguido, se ha cuestionado: “¿Alguien se puede imaginar que estas dos administraciones, que eran las responsables de la ejecución del convenio en el año 2015, hubiesen dado por finalizadas (las obras) y puesta en uso la senda si éstas no estuviesen finalizadas?”.
En este contexto, Morán considera que las dos administraciones implicadas en aquel momento, Ministerio y Ayuntamiento, “decidieron poner en uso la obra finalizada” porque “la obra reunía las condiciones para ello. Si dudase de eso, estaríamos hablando de otra responsabilidad distinta”, ha avisado.
El secretario de Estado ha señalado que Costas ya ha facilitado la documentación solicitada por la magistrada de Instrucción de Santander que dirige el procedimiento, aunque la Abogacía del Estado debe pronunciarse aún sobre su personación. Además, ha aludido a acuerdos municipales en los que se recogía el “compromiso” del Ayuntamiento de mantener la senda “una vez finalizadas las obras”, como el remitido en 2004 por la Concejalía de Medio Ambiente, entonces dirigida por Iñigo de la Serna, a Costas durante la información pública del proyecto.
Ese compromiso, ha añadido Morán, fue ratificado por el entonces alcalde, Gonzalo Piñeiro, en un escrito en el que señalaba que no existía “inconveniente” para dicho mantenimiento por parte del Consistorio “una vez ultimadas las obras proyectadas en la senda peatonal”.
Compromisos de mantenimiento y documentos recientes
“Yo no tengo ninguna duda de que el Ayuntamiento asumió ese compromiso con pleno conocimiento”, ha manifestado el número dos del Ministerio, que, además de ese primer documento municipal relativo al mantenimiento, ratificado en el acta de recepción, asegura que hay otro de fecha “recientísima”, de febrero de este año, por el que el Consistorio remitió a la Demarcación un proyecto técnico con actuaciones de restauración ambiental, eliminación de especies vegetales invasoras y “de mantenimiento de infraestructuras” ejecutadas en la senda.
Morán ha precisado que Costas respondió pocos días después, “hace dos o tres semanas”, indicando que tomaba nota del proyecto enviado por el Ayuntamiento “en el ámbito de sus competencias y de su responsabilidad de mantenimiento” y que para dichas actuaciones no era necesaria “autorización”.
Cuestionado sobre por qué la alcaldesa mantiene que el mantenimiento de la senda y sus elementos corresponde a Costas, Morán ha respondido que es Igual —con la que no ha vuelto a contactar desde el día posterior al derrumbe— quien debe aclararlo: “Ciertamente, no se corresponden los hechos con las palabras, pero no me atrevo yo a decir por qué razón”.
Y ha remachado: “Los hechos son los que son, los documentos son los que son, y a partir de ahí la ley es clara: el responsable de las infraestructuras, equipamientos o servicios que se ubiquen sobre el dominio público marítimo terrestre es el titular privado o público que asume la responsabilidad” de los mismos.
Reparación de barandillas y cooperación institucional
En relación con los documentos de 2024 citados por Igual, según los cuales Costas habría renovado las barandillas de la pasarela siniestrada, Morán ha enmarcado esa actuación en la colaboración ordinaria entre administraciones. A su juicio, cuando un servicio advierte de “un elemento que puede suponer un riesgo para la seguridad”, no se abre un expediente para determinar de quién es la competencia, sino que, si existe capacidad para actuar, “si hay capacidad para intervenir, se interviene. Así de sencillo”. “Es bastante habitual”.
“Me sorprende que se sorprendan de que esto sea así”, ha abundado Hugo Morán, insistiendo en que “la responsabilidad frente a la seguridad de los ciudadanos no se discute en el momento en el que haya que intervenir por una razón de seguridad”, de forma que cualquiera de las tres administraciones —estatal, autonómica o local— “debe hacerlo con carácter inmediato” y ya se debatirá “más adelante” sobre competencias o costes.
Así las cosas, ha concluido que se trata de “una simple función de leal cooperación entre administraciones en beneficio de los ciudadanos”, pero ha recalcado que el hecho de que en un momento dado se colabore “en ningún caso diluye la competencia de quien la tiene”, ha concluido.