El Gobierno de coalición y sus aliados parlamentarios habituales han aceptado una enmienda transaccional del PDeCat a la ley de Vivienda que suprime la obligatoriedad de que los agentes inmobiliarios por cuenta ajena suscriban un seguro de responsabilidad civil.
La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado este jueves el dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre la Ley por el derecho a la Vivienda. Los 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu) se han impuesto a los 17 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, PDeCat y Coalición Canaria) y a la abstención del PNV, posibilitando que el articulado, tramitado a marchas forzadas, llegue al pleno de la próxima semana, cumpliendo así con el calendario esbozado por el Gobierno. La sesión de este jueves ha servido, además de para incorporar cuatro enmiendas transaccionales, para constatar el enfado de la oposición por unos plazos que consideran precipitados, así como sus reservas por la presunta invasión de competencias autonómicas.
Tras ratificar por asentimiento el informe de la ponencia, los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, todos ellos integrantes del conglomerado que oficializó el acuerdo por la leu de Vivienda, han retirado todas sus enmiendas.
Cuatro transaccionales
La comisión ha dado luz verde a un total de cuatro enmiendas transaccionales. La primera de ellas, del Grupo Plural, en concreto del PDeCat, suprime el apartado 4 del artículo 30, de Principios básicos de los derechos, facultades y responsabilidades.
Este punto establecía que con la finalidad de garantizar la protección de los consumidores y los usuarios, los agentes inmobiliarios facultados para la transmisión, el arrendamiento y la cesión de las viviendas por cuenta ajena debían suscribir un seguro de responsabilidad civil. Podrían contratarlo bien de forma directa o colectivamente, y la cuantía podría ser fijada por cada comunidad autónoma. Estas últimas estaban capacitadas para crear registros administrativos de agentes inmobiliarios de carácter voluntario en los que se estableciera como requisito de acceso la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
El impacto en Catalunya Conviene aclarar que el motivo de eliminar este punto es que en Catalunya ya existe dicha medida y, de hecho, los listados de agentes inmobiliarios son obligatorios, no voluntarios. De manera que, en caso de aprobarse, rebajaría la iniciativa catalana.
La segunda transaccional aprobada, también del diputado Ferran Bel (PDeCat), elimina la Disposición final quinta bis (nueva), que modificaba la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. El Proyecto de ley incorporaba a la antecitada ley una disposición adicional (décimo tercera) según la cual, las personas con un grado de dependencia que usen su propiedad como garantía para obtener un crédito inmobiliario destinado principalmente a financiar los cuidados y que destinen su propiedad al mercado de alquiler tendrían el mismo tratamiento fiscal que los que optan por la hipoteca inversa.
También se requería un compromiso por escrito del prestatario de destinar los fondos a satisfacer los costos de estancia en una residencia de mayores y otros centros asistenciales, y la vivienda gravada con la garantía de la anticresis se debería destinar al mercado del alquiler. El mismo régimen fiscal se aplicaría a la cancelación de los créditos con garantía anticresis que cumplan con estos requisitos. Todo esto ha sido eliminado de la ley de Vivienda ya que la misma iniciativa fue incorporada a los Presupuestos Generales del Estado 2023, por lo que lleva vigente desde el 1 de enero de este año.
La Comisión también ha aprobado una tercera enmienda transaccional de Junts (Grupo Plural) a la Disposición final sexta de Títulos competenciales que incorpora matices técnicos para salvaguardar las competencias autonómicas; y una de ERC a la Exposición de motivos que adecúan su redactado al dictamen final.
Invasión competencial y atropello a los plazos
Todos y cada uno de los representantes de los partidos foráneos al acuerdo de Vivienda han lamentado lo acelerado del proceso. Cabe recordar que la ponencia se constituyó en la última semana de enero y por las diferencias del PSOE con sus socios no se había vuelto a reunir hasta el pasado martes 18 de abril, con la premisa de zanjar el informe de la ponencia en una única cita.
Uno de los más afilados en este sentido ha sido el diputado del PNV Íñigo Barandiaran. “Por fin vamos a poder debatir, cosa que en la ponencia no hemos podido hacer”, ha comentado al inicio de su intervención, en la que ha anunciado su abstención para posibilitar el debate en el pleno y mantener abierta la vía con el Gobierno.
En la misma sintonía se han movido el diputado de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, y Ferran Bel, del PDeCat. El representante naranja ha afeado que recibiera en la víspera de la reunión de la ponencia del martes más de 40 enmiendas que el PSOE pretendía transaccionar y que ni habían negociado “ni nos gustaban”. Además, percutió sobre el argumento utilizado por el Gobierno y sus socios para acelerar el proceso: “No tenemos una situación de emergencia ahora que antes no se hubiera dado. Se han cargado todos los plazos y procedimientos”. De su lado, Bel ha censurado que el propósito de la ley, que no es sino atajar el problema de la vivienda, tiene la enjundia suficiente como para haber requerido mucho más tiempo.
“El problema de la vivienda existe, no es de los últimos seis meses. Todos somos culpables de no haberlo resuelto, pero no se resuelve con una ley que invade competencias”, ha remachado. Un argumento que también blandió el PNV, Coalición Canaria e, incluso, el PP.
Por alusiones, tanto Esquerra Republicana como EH Bildu han respondido asegurando que la nueva norma no invade competencias, sino que dispone las herramientas para que las autonomías puedan intervenir precios sin que el Tribunal Constitucional intervenga, como ocurrió con el caso de la ley de Vivienda en Cataluña.