El Senado niega que los dos trabajadores despedidos ayer por accesos indebidos en sistemas de la Cámara Alta accedieran al «ordenador, archivo o portafirmas» de algún senador. Así lo aseguran desde la Cámara Alta en un nuevo comunicado publicado esta tarde y en el que ofrecen nuevos detalles de los hechos.
Los hechos se remontan a octubre del año pasado, cuando uno de los despedidos, un informático de la plantilla de personal laboral de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, decide interesarse por el desarrollo de unos procedimientos de promoción interna y selección laboral en los que se encontraban él y su pareja, también trabajadora del área en la Cámara Alta, tal y como adelantó ayer Demócrata.
El acceso a dicha información se produjo mediante la intromisión en el portafirmas electrónico de «altos cargos de la Secretaría General» del Senado, «en ningún caso de senadores», siempre según el comunicado de la Cámara. El portafirmas es un sistema de gestión que incorpora la identidad digital de una persona y permite la firma electrónica de documentos. «En ningún caso han accedido a información o actividad personal de sus señorías, ni se ha vulnerado el derecho a la intimidad de los senadores».
Una vez abierto expediente, «al inicio del proceso de instrucción», los dos trabajadores fueron suspendidos temporalmente de su empleo, momento en el «se les retiran las claves de acceso» con las que habían accedido ilícitamente, siempre según el comunicado de la Cámara.
Un comportamiento reincidente
En un primer momento, se propone como sanción una suspensión de empleo y sueldo de tres meses. Sin embargo, durante la tramitación del expediente disciplinario, el trabajador, en su escrito de alegaciones, asegura que los hechos que se le reprochaban eran similares a otros comportamientos similares que se daban entre sus compañeros de la Dirección de Tecnologías. Para ello aporta un listado de logs (ficheros de trazabilidad que permiten ver fechas y horas a las que un usuario registrado accede a un sistema) por el que pretendía demostrar que «el acceso de funcionarios a aplicaciones y portafirmas es habitual».
Esos archivos entregados por el informático son entendidos como una prueba de que «ha seguido accediendo indebidamente» a los sistemas del Senado y tras ello se «decide suspender el acceso al resto de sistemas de información«, como señala la institución.
En cuanto al listado de logs aportado por el empleado laboral y su contenido, desde la Cámara Alta defienden que «todos los accesos que constan son lícitos» y «en desarrollo de las funciones del personal de la dirección para solucionar las incidencias habituales».
Accesos de «carácter administrativo»
La nota también afirma que tras los accesos no se ha apreciado «ningún interés político» y que todos ellos «son de carácter administrativo», en beneficio de la «posible promoción interna» de los dos despedidos. Además de los accesos a los portafirmas, «accedieron a ficheros de trazabilidad de firma», donde se habría conocido «quién accede y la hora», pero «no el contenido».
Una vez conocidos todos los hechos, los iniciales y la persistencia en los accesos indebidos, la Mesa del Senado resolvía ayer, a propuesta de la Letrada Mayor del Senado, el despido de los dos acusados como resultado de unas actuaciones consideradas muy graves dentro del supuesto de «fraude, deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas» que contempla el Convenio Colectivo del personal laboral del Senado, en su artículo 33.4 a).