Junts cumplió su advertencia y el PP no salvó al Gobierno. El último decreto-ley anticrisis, un compendio de medidas económicas con la prórroga de los descuentos al transporte y la factura de la luz, fue derogado por el Congreso.
Los votos de PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso un decreto-ley que, en la práctica actuaba ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos a 1 de enero: subida de pensiones, actualización de las bases de cotización, varios tributos y prórroga de la vigencia del salario mínimo interprofesional.
También aseguraba la prohibición de desahucios y de corte de suministros básicos en hogares vulnerables. Medidas prorrogadas muchas ellas desde la emergencia de la pandemia de Covid-19 y que cinco años después decaen por la falta de apoyos en el Congreso.
Otras medidas derogadas con el decreto-ley son la vigencia del escudo ‘antiopas’ a inversiones extranjeras, las ayudas a la industria electrointensiva o las ayudas del Plan Moves III a la compra de vehículos eléctricos.
Sólo salvó un decreto-ley (y por el PP)
No fue la única derrota del Gobierno. El mismo bloque, al que se unió también el PNV, rechazó el gravamen energético. Con esta derrota ya contaba el PSOE, que incluso había aceptado hace meses la desaparición de esta figura por el rechazo de Junts y PNV.
Sólo pudo salvar uno de los tres decretos-ley, con la última reforma en el sistema de pensiones pactada con sindicatos y patronal para permitir la compatibilidad de trabajo y pensión. Y lo consiguió gracias al apoyo del PP, que había comprometido hace semanas su respaldo a la reforma. No lo hicieron Bildu y Podemos, que votaron en contra al considerarlo un aumento encubierto de la edad de jubilación.
El balance final –dos de los tres decretos derogados– deja en la cuerda floja al Ejecutivo, que ve nuevamente cómo no tiene apoyos en la Cámara para desarrollar su agenda legislativa. Y deja en entredicho las aspiraciones del Ejecutivo por sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado con los que asegurar la legislatura.
PP y Junts no cedieron
Tras romper la semana pasada toda negociación legislativa, Junts anticipó este miércoles por boca de su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, que votaría en contra de los tres decretos-ley –ómnibus, impuesto energético y reforma de pensiones–.
E instó al Gobierno a que, si quería salvar los descuentos al transporte y la revalorización de las pensiones –incluidas en el ómnibus, y no en la reforma de la Seguridad Social aprobada en otro decreto–, aprobara un decreto específico con estas medidas, que lo apoyarían. No así un decreto-ley salido del Consejo de Ministros sin negociación previa.
El rechazo de Junts dejaba el futuro de los decretos en manos del PP, que sólo había comprometido su apoyo a la reforma de pensiones consensuada con patronal y sindicatos. Los ‘populares’ se reafirmaron en su rechazo, si bien se apresuraron a registrar una proposición de ley para revalorizar las pensiones y así salvar la medida que decaerá con la derogación del decreto.
Y AHORA, ¿QUÉ HACER?
Miembros del Gobierno no ocultaban su decepción y frustración al finalizar el Pleno. Quienes más tardaron en salir de Palacio fueron la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se quedaron con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reunidos en la zona reservada para el Ejecutivo.
Al concluir, Montero no despejaba la incógnita de qué pasos daría al Gobierno. La derogación tumba más de un centenar de disposiciones normativas que este jueves dejarán de tener vigencia. La vicepresidenta, en declaraciones a los medios de comunicación, emplazó a los partidos que habían votado en contra a explicar las razones que les habían llevado a ello.
Fuentes del ala socialista aseguran que, al contrario de lo manifestado por Junts, el decreto-ley estaba negociado y acordado con todo el bloque de investidura para asegurar los apoyos y evitar su derogación. Sin embargo, declinaban aclarar si habría Consejo de Ministros extraordinarios para salvar parte de las medidas.
Desde el Ministerio de Trabajo, no obstante, anticipan que están trabajando en la fórmula para evitar la inseguridad jurídica que provoca la pérdida de vigencia del salario mínimo interprofesional, cuya validez prorrogaba el decreto-ley derogad.
Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz aseguran que en las próximas horas publicarán un criterio para aclarar que, ante la pérdida de vigencia, se entiende que este suelo salarial continúa siendo la referencia pese a la derogación.