Las quince recomendaciones para abordar los problemas y las reformas estructurales del sistema de la Seguridad Social aprobadas por el Pleno del Congreso el 6 de abril de 1995 son conocidas como el «Pacto de Toledo». Y aunque reciben el nombre por el encuentro celebrado en el Parador de la capital castellano-manchega en el que se fraguó, no son el resultado de ese encuentro entre partidos, sino de la labor llevada a cabo en la Comisión de Presupuestos. En concreto, en una ponencia que se prolongó durante un año y que nació de una PNL presentada por CiU.
Asignatura pendiente
El diputado de CiU, Francesc Homs i Ferret, fue el encargado de defender la PNL por la que su Grupo proponía que se constituyese una ponencia que analizase la situación de la Seguridad Social en los ámbitos económicos y financieros, del momento, y propusiese al Gobierno un conjunto de reformas. Era febrero de 1994 y la iniciativa se había registrado en septiembre del año anterior. Poco más de un mes después de que echase a andar la V Legislatura (1993-1996), la última con un gobierno socialista encabezado por Felipe González.
En su defensa, Homs i Ferret, recordó que en la anterior legislatura (1989-1993) presentaron una iniciativa de idéntico contenido en comisión que sin embargo no había obtenido la confianza del grupo mayoritario -el socialista-.
Entonces, el PSOE a través de su vocal en la Comisión de Presupuestos, Fernando Gimeno, señaló que votar a favor de constituir una ponencia para abordar ese tipo de cuestiones, «podría generar una imagen en los ciudadanos de que el sistema público protector es un sistema que pudiera estar en crisis, y pienso que esa no es la situación».
Aunque no se mostró reacio a estudiar lo planteado por los convergentes, aseguró que su partido por «su propia experiencia de gobierno«, era más partidario de «no abordar una reforma fundamental, sino abordando reformas necesarias para ir adaptando la situación».
«Miedo» y una preocupación compartida
Esa PNL en comisión sí fue apoyada por los populares, que a través de su diputada Celia Villalobos destacaron que la cuestión planteada por CiU «respondía a una preocupación planteada por nuestro Grupo habitualmente en la Comisión de Política Social y Empleo y a través de las enmiendas planteadas en los Presupuestos Generales del Estado, especialmente de 1991 y 1992″.
Villalobos también criticó al PSOE su argumento para rechazarla: «Uno se encuentra siempre con la misma respuesta: habitualmente sale la palabra «miedo», el miedo a que la sociedad pueda alterar su confianza en el sistema público de la Seguridad Social, para decir inmediatamente ‘no’ a cualquier tipo de propuestas».
Sin votos en contra
Con estos antecedentes y de vuelta a 1994, Homs i Ferret expresó su deseo de que en esa ocasión su propuesta sí obtuviese el respaldo de la mayoría de los diputados: «Quizás, las circunstancias actuales faciliten la comprensión de la motivación que ha llevado a nuestro Grupo a proponer esta iniciativa y pueda ser bien aceptada por todas SS. SS.».
El diputado convergente reiteró la necesidad de esta ponencia señalando que su partido venía observando desde hacía un tiempo «que el presupuesto de la Seguridad Social registra crecientes déficit, a pesar de las medidas adoptadas en los últimos años dirigidas a incrementar los tipos de cotización o bien a trasladar a las empresas el coste de las prestaciones».
Y así fue. En la votación de la PNL por la que se crea «una Ponencia, en el seno de la Comisión de Presupuestos, para elaborar un Informe sobre la Reforma económica de la Seguridad Social que incluya un conjunto de recomendaciones para ser elevadas al Gobierno», se emitieron 297 votos y los 297 fueron a favor. Se había dado sin saberlo, el primer paso hacia el hito consensual que supondría el Pacto de Toledo.
392 días
La ponencia se constituyó el 2 de marzo de 1994 y estuvo en marcha hasta el 28 de marzo de 1995, en ese plazo de tiempo comparecieron en la Comisión de Presupuestos una treintena de personalidades que los diputados ponentes consideraron oportunos para el trabajo que estaban realizando. Del listado recogido en el informe sobre la labor llevada a cabo destacan:
- El Ministro de Trabajo, José Antonio Griñán: 22/03/1994
- La Ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi: 23/03/1994
- El Director General de la Tesorería de la Seguridad Social: 17/05/1994
- El Presidente de la CEOE, José María Cuevas: 15/06/1994
- El Secretario General de la UGT, Cándido Méndez: 12/09/1994
El dictamen fue aprobado por la comisión dos días después de la disolución de la ponencia y aprobado por el Pleno en la primera semana de abril. En ese debate en el Congreso en el que se dio el visto bueno – 268 votos a favor; uno en contra; y dos abstenciones-, a las recomendaciones consensuadas por todos los Grupos Parlamentarios, la nota discordante la puso el PNV.
Aunque los nacionalistas vascos votaron a favor, presentaron dos enmiendas -que fueron rechazadas- defendiendo que «los problemas competenciales no son una cuestión baladí».
Acusaciones de ruptura del consenso
«Se nos ha acusado de presentar proposiciones ilegales o paralegales, de insolidaridad, de ruptura del consenso, de ser el grupo propiciador de la ruptura de consenso político, frágil pero existente (…) y nosotros queremos denunciar la falsedad y el carácter demagógico de este tipo de imputaciones». Con estas palabras inició Emilio Olabarria (PNV) su turno de defensa.
El diputado vasco a pesar de celebrar el consenso alcanzado, «estamos en condiciones de votar que sí y de adherirnos intelectualmente de forma incondicional a este documento«, quiso hacer especial hincapié en la necesidad de tener en cuenta los problemas competenciales al considerar que eran parte de la reforma estructural que necesitaba el sistema público de pensiones.
«Nosotros no reclamamos competencias legislativas para las comunidades autónomas en materia de Seguridad Social (…) nosotros pedimos la aplicación de la Ley del Concierto Económico, para las previsiones financieras, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la Ley del Convenio Económico para las previsiones financieras, en la Comunidad Foral de Navarra», afirmó Olabarría desde la tribuna antes de que el resto de Grupos rechazasen sus propuestas.