El último acuerdo del Pacto de Toledo del Congreso dejó la llave para su revisión. Compromete una revisión general de las recomendaciones y evaluar su grado de cumplimiento a partir del quinto año desde su aprobación. Este plazo lleva a noviembre de 2025 pero, con un año de margen, la Comisión ya ha echado a andar.
En septiembre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó el último acuerdo con sindicatos y patronal. Y en próximas fechas, posiblemente en noviembre, desfilarán ante la Comisión las otras patas del pacto: los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.
Hasta entonces, la presidenta de la este órgano, la diputada del PSC y antigua portavoz del Grupo Socialista en el Pacto, Mercè Perea, ha solicitado a los grupos la preparación de un plan de trabajo con el que orientar el rumbo de la Comisión.
El siguiente paso, una vez comparezcan los agentes sociales, es iniciar una ronda de comparecencias para recabar propuestas sobre la situación del sistema público de pensiones y las posibles necesidades de reforma. El Gobierno sería encargado de cerrar la ronda, previsiblemente con el secretario de Estado de Seguridad Social.
La última vez que el Pacto inició los trabajos para renovar sus recomendaciones celebró más treinta comparecencias entre noviembre de 2016 y abril de 2017, en la XII Legislatura.
La idea es que estos trabajos sirvan para evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones aprobadas en noviembre de 2020 y sentar las bases a una futura renovación, si existe voluntad o necesidad para ello.
Disposición del PP
Hace cuatro años, las recomendaciones salieron adelante con los votos de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV. Esquerra Republicana y Bildu se abstuvieron, mientras que Vox votó en contra en Comisión y luego se abstuvo en el Pleno.
La complicada aritmética parlamentaria supone un campo de minas para cualquier reforma del Gobierno, pero el Pacto de Toledo suele moverse en otras lógicas ya que una renovación de estos acuerdos exigen el compromiso de los dos grandes partidos.
En el PP se muestran absolutamente dispuestos a alcanzar un nuevo acuerdo, dejando en duda que en el Gobierno quieran renovar el Pacto.
La evaluación de la AIReF
En todo caso, más allá de los planes que barajen los diputados, los trabajos de la Comisión estarán fuertemente marcados por el informe deberá realizar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que debe evaluar la situación del sistema público de pensiones.
El informe, que se prevé a partir del mes de marzo, será el primero de los que esta institución debe realizar cada tres años para evaluar el impacto de las reformas llevadas a cabo de 2020, y si las medidas por el lado de los ingresos son suficientes para afrontar el previsible aumento del gasto.