El Parlament de Cataluña ha reclamado al Ministerio de Defensa que ponga en marcha una investigación sobre posibles "vulneraciones de derechos" cometidas durante el servicio militar obligatorio, con el objetivo de esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades que correspondan, a raíz del documental de 3Cat 'Et faran un home. Morts silenciades'.
La petición figura en un texto suscrito por el portavoz de Junts, Salvador Vergés; la de ERC, Ester Capella; el de los Comuns, David Cid, y el de la CUP, Dani Cornellà. El escrito se ha leído este miércoles durante el pleno de la Cámara catalana, momento en el que los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo antes de que comenzara la lectura.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, plantea que, si la investigación confirma estas vulneraciones, se analicen "medidas de reparación integral para las víctimas y sus familiares, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos".
Además, el Parlament expresa su "rechazo a la recuperación del servicio militar obligatorio en España" y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad de todas las personas.
Reparación y obligaciones del Estado
Según el texto aprobado, el documental "expone presuntas muertes, maltratos, abusos y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en cuarteles y unidades del Ejército español, en el contexto del servicio militar obligatorio, así como la necesidad de investigar estos graves hechos denunciados".
La resolución recuerda igualmente que "los Estados tienen la obligación de investigar de forma efectiva, independiente y con garantías cualquier muerte o vulneración grave de derechos humanos producida bajo custodia militar o en instituciones armadas del Estado, así como asumir responsabilidades institucionales y reparar el daño causado".
Testimonios de víctimas y familiares
En una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Parlament, la directora del programa 'Sense Ficció' de 3Cat —espacio que ha emitido el documental—, Montse Armengou, ha subrayado que con este trabajo han "demostrado y puesto luz a los maltratos y abusos perpetrados en el servicio militar obligatorio durante la época democrática".
También han tomado la palabra familiares de afectados que aparecen en la cinta, entre ellos Cristina Aymerich, quien considera que "el Estado es el responsable" de no haber protegido a estos jóvenes. Reclama la creación de una comisión de investigación en el Congreso para aclarar lo sucedido, ya que sostiene que las familias quieren conocer la verdad.
El periodista Vicent Partal, que figura en el documental como afectado durante la 'mili' de 1982, ha señalado que "lo que más choca es el silencio actual por parte del Estado y la negativa de asumir la responsabilidad de lo que pasó", y añade que se trata, textualmente, de una crueldad inadmisible en un país democrático.
Silencio, responsabilidad y búsqueda de justicia
Francesc Robelló, familiar de otro afectado, considera que resulta llamativo que determinadas formaciones políticas continúen siendo cómplices, en sus palabras, y sostiene que "el silencio forma parte de este crimen" y que desean poder saber qué ocurrió realmente.
Por su parte, Nacho Galán, uno de los afectados en la 'mili' de 1984 que también participa en el documental, afirma que necesitan "que el Estado reconozca estos daños y hacer todo lo posible para realizar la reparación que se pueda llevar a cabo".
Finalmente, Berta Gómez, familiar de otro de los afectados, recalca que "esto no va de disputas entre partidos, va de dignidad humana" y asegura que seguirán adelante hasta que el caso llegue a Madrid y, si es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Europa.