El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este jueves a una Proposición no de Ley (PNL) registrada por el Grupo Popular para reclamar la reparación y el impulso de más de una veintena de infraestructuras en la comunidad, en un contexto marcado por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los recientes temporales.
En el documento sometido a debate, el PP subraya “la urgente necesidad de finalizar la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla”, para lo que solicita “una auditoría completa y transparente” que permita esclarecer “por qué la obra no estaba finalizada antes de la entrada de los nuevos operadores”.
La iniciativa popular lamenta que la situación continúe “siete años después de su inicio”, por lo que insta a conocer “el grado real de ejecución de la renovación, la planificación pendiente y fijar una fecha definitiva de finalización”.
La defensa de la propuesta ha corrido a cargo del diputado Antonio Saldaña. La mayor parte de la PNL ha prosperado con el respaldo de los grupos Popular y Vox, mientras que los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra.
El único de los diez puntos que implicaba un mandato directo al Gobierno andaluz reclama “suficiencia presupuestaria” para que los capítulos VI y VII del Presupuesto, inversiones reales y transferencias de capital, cuenten con “las consignaciones necesarias” destinadas a recuperar las infraestructuras de la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía mediante las ayudas del Plan Andalucía Actúa. Este apartado sí ha concitado el apoyo de la izquierda parlamentaria y la abstención de Vox.
Como primer eje, el Grupo Popular exige al Gobierno central que corrija “el déficit inversor y la insuficiencia presupuestaria” que le atribuye en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras que dependen de la Administración del Estado, advirtiendo de su “riesgo real” para los usuarios.
La PNL reclama igualmente “una auditoría completa” sobre el estado de la Red Ferroviaria de Interés General en Andalucía, con el fin de identificar los puntos con restricciones de velocidad por “deterioro o mal estado de la infraestructura” y conocer “la fecha prevista para eliminar dichas limitaciones”.
Asimismo, la iniciativa del PP exige “acelerar urgentemente” las obras para la reapertura de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga y “poner en servicio el bypass de Almodóvar del Río (Córdoba)”.
En el bloque de carreteras, la PNL del PP-A incluye siete autovías, entre ellas la culminación de la ampliación del puente del Centenario y de los tramos pendientes de la SE-40; el desdoblamiento de la N-IV hasta Jerez de la Frontera (Cádiz); la aprobación del proyecto del tercer carril y la mejora integral del firme de la AP-4 y de la A-49; la transformación de la actual N-432 en autovía (A-81) y la finalización del desdoblamiento de la N-322 (A-32) en la provincia de Jaén.
En materia aeroportuaria, el Grupo Popular pide al Ejecutivo que rectifique “la infrafinanciación” del aeropuerto de Sevilla contemplada en la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) 2027-2031; que impulse la conexión del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con la red ferroviaria transeuropea y que elabore un estudio sobre la reducción de vuelos prevista en la Ley 9/2025.
La PNL plantea también que se declare la obligación de servicio público (OSP) para los vuelos entre Almería y Madrid y Barcelona, y que se apliquen bonificaciones a los aeropuertos cuya “conectividad [se vea] amenazada por la estacionalidad y las subidas de las tarifas aeroportuarias”, citando expresamente los aeródromos de Almería, Federico García Lorca de Granada-Jaén y Jerez de la Frontera (Cádiz), así como deducciones fiscales para las aerolíneas que operen en ellos.
Además, el Grupo Popular demanda que el Gobierno ponga en marcha nuevos servicios ferroviarios directos entre Almería, Granada y Sevilla, y entre Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén, junto con la “licitar el estudio informativo de la línea de alta velocidad entre Huelva y la frontera portuguesa”.
Por último, la iniciativa reclama evaluar si las infraestructuras estatales de transporte “serán atendidas por las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026”.