El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, gracias a la mayoría absoluta del Grupo Popular, la propuesta registrada por el PSOE-A para poner en marcha en la Cámara autonómica una comisión de investigación “sobre contratos adjudicados por la Junta de Andalucía, sus agencias, empresas públicas y entes instrumentales con empresas vinculadas a la denominada trama de Almería del "caso mascarillas"”.
La iniciativa, que ya había recibido el rechazo anticipado del PP-A desde su presentación, ha contado con el respaldo del resto de grupos con representación --Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--. La defensa de la propuesta ha corrido a cargo de la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, quien ha subrayado que con esta petición son ya siete las veces que su formación ha reclamado en la Cámara la creación de una comisión de investigación “sobre la nefasta o, como en este caso, corrupta gestión” del PP-A, y ha censurado que siempre se han topado con el “veto” del Grupo Popular.
“Quien mucho tapa, mucho tiene que ocultar”, ha avisado Ángeles Férriz, que ha insistido en la necesidad de una comisión para analizar “la red de corrupción enraizada en el PP de Almería desde hace diez años”, que “no sólo se dedicaba a las 'mordidas' en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia”, sino que “también abarca contratos de obra pública que se remontan a 2016”, y que “tiene su centro de operaciones en la Diputación Provincial de Almería, pero con ramificaciones en otros ayuntamientos y en la propia Junta de Andalucía”.
Según la portavoz socialista, se trata de “una red que Moreno Bonilla ha permitido durante años, sin ninguna medida, sin ningún reproche”, hasta el punto de que “lo que ha hecho es taparla”. En esa línea, ha criticado la “manera cínica” en la que el presidente del PP-A afirmó “que desconocía exactamente cuál era la causa que motivaba” la detención, el pasado mes de noviembre, del entonces presidente del PP y de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.
Ángeles Férriz ha recalcado que “lo que se investiga en Almería no son sólo 'mordidas' por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia” de Covid-19, ya que “la investigación judicial se remonta a 2016”.
En concreto, se indagan presuntos delitos de “cohecho, malversación de caudales, blanqueo de capitales, tráfico de influencia y corrupción en contratos públicos”, así como “diez años de supuesto enriquecimiento personal de cargos del PP, de sus familiares y de sus amigos”. Todo ello en un periodo en el que Juanma Moreno ya era presidente del PP andaluz, según ha remarcado la dirigente del PSOE-A, que ha cerrado su intervención reclamando que el Parlamento permita “que se investigue con transparencia lo que ha ocurrido en Almería”.
Argumentos del PP-A contra la comisión
En el turno de fijación de postura, el diputado del PP-A Juan José Salvador ha defendido que “las comisiones de investigación no deben sustituir a los órganos jurisdiccionales ni a instructores penales”, y que “no son ni pueden ser instrumentos de investigación paralela a causas ya judicializadas” que ya están en manos de “jueces competentes y fiscalías actuantes”, recordando además que hay formaciones con escaño en la Cámara que ya están personadas en el procedimiento.
En esta línea, el parlamentario popular ha sostenido que con la iniciativa socialista solo se pretende “añadir ruido”, y ha advertido de que “el Parlamento no puede convertirse en un escenario de construcción de relatos sobre procesos ya en curso”. A su juicio, “si realmente se busca la verdad material, el cauce ya existe y está activo”, pero “si lo que se busca es el rendimiento político, no cuenten con nosotros”. Ha concluido justificando el rechazo del PP-A a la creación de la comisión “por rigor, por coherencia institucional y por respeto a la separación de poderes”.
Vox, Por Andalucía y Adelante reclaman transparencia
Por su parte, el diputado de Vox Juan José Bosquet ha defendido que “el 'caso mascarillas' no es un episodio aislado fruto del caos de la pandemia”, sino que “la instrucción judicial muestra que hay algo mucho más serio” y que “se trata de posibles adjudicaciones irregulares llevadas a cabo desde la Diputación de Almería”. Ha precisado que “en su origen” afectaría a contratos de emergencia “por valor de más de dos millones” de euros.
Por ello, ha exigido “transparencia total” sobre los “contratos, expedientes y adjudicaciones que estén bajo sospecha”, así como “colaboración absoluta con la justicia, depurar responsabilidades políticas a todos los niveles y donde sea necesario”, y ha advertido de que Vox “seguirá personado en esta causa hasta el final, caiga quien caiga”.
También se ha sumado al apoyo de la propuesta socialista la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, que ha deplorado el “trapicheo con mascarillas” objeto de investigación y que, ha recordado, ya “hemos visto en más sitios”. Ha destacado que empresas integradas en “ese entramado tan artesanalmente montado por el PP de Almería” han sido igualmente “contratadas habitualmente” por la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno “con contratos de emergencia o de adjudicación directa, eludiendo algunos de los controles que a lo mejor hubieran hecho saltar la alarma sobre las prácticas corruptas que los rodeaban”, por lo que ha considerado “pertinente” impulsar la comisión de investigación.
Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha defendido que “los contratos amañados tienen que aclararse”, y ha opinado que si los 'populares' “se niegan a crear la comisión” de investigación “por algo será, algo tendrán que ocultar”. Frente a esa negativa, ha reclamado “transparencia” respecto a unos contratos que implican “dinero público”, según ha enfatizado.