El Pleno del Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles continuar con la tramitación de la ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma, después de rechazar las enmiendas a la totalidad registradas por PSOE y NC-BC.
La consejera de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, Lady Barreto, ha explicado que la norma pretende “regular de forma ordenada” el servicio público de comunicación audiovisual en el Archipiélago y cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo —que, no obstante, advierte de la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos— y del Consejo Económico y Social.
Ha defendido que se garantiza el “pluralismo democrático” aunque coincidan en el tiempo el mandato de la Junta de Control y el del Parlamento, y ha subrayado que se han incorporado compromisos pactados con el sindicato mayoritario de RTVC, como que los servicios informativos no puedan ser externalizados y que se subrogue al personal.
Barreto ha sostenido que la ley de 2014 ha resultado “ineficaz” y un “fracaso”, tras una década sin mandato marco aprobado, y ha recalcado que el servicio público “no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales y de parches normativos según vaya pasando el tiempo”.
Ha advertido de la situación “crítica” y del “bloqueo” que sufre RTVC, lo que, a su juicio, hace imprescindible una nueva regulación.
“Hoy damos un paso decisivo para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo y que permite garantizar un servicio público audiovisual fuerte, independiente y al servicio de todos los ciudadanos canarios”, ha afirmado.
Carmen Hernández (NC-BC) ha denunciado la “cacicada” del Ejecutivo con un proyecto de ley “ilegal y antidemocrático” que “atenta contra” el sistema democrático, tal y como ha puesto de manifiesto el Consejo Consultivo. “Hoy debatimos quien controla la Televisión Canaria”, ha remarcado.
Según la diputada, se configura una televisión pública “más cómoda al poder político, más útil al Gobierno”, con el objetivo de “secuestrar” el ente en beneficio de Coalición Canaria en un contexto preelectoral.
“El bloqueo no se resuelve, se reproduce, eso sí, se reproduce con una ventaja sustancial para el Gobierno. Todo el poder se concentra en una sola persona, designada por el Gobierno, sin contrapeso, sin control parlamentario, sin control de los profesionales”, ha señalado.
Hernández considera que se “vacía de contenido” la Junta de Control al otorgar “a una persona” —el administrador general— “plenos poderes de gestión, de contratación, de línea editorial, todo”.
Ha reprochado al Gobierno que no haya buscado el consenso en toda la legislatura y que ahora opte por una “solución muy simple, pero muy peligrosa”, consistente en “quitar el poder al Parlamento”, además de que “se han cargado” el Consejo de Informativos.
Como alternativa, NC-BC ha propuesto una Junta de Control compuesta por un representante de cada grupo parlamentario y que, en función de la representatividad, pueda ampliarse siguiendo criterios de proporcionalidad.
La diputada nacionalista ha advertido de que se “abre la puerta” a la externalización de los informativos y ha reclamado “dejar claro” que se protege el empleo estable de la plantilla de RTVC, al considerarlo “imprescindible” para preservar la independencia editorial.
La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha censurado las “imposiciones y las urgencias” del Gobierno de Canarias, que, ha dicho, ni siquiera ha intentado negociar con la oposición en un “asunto nuclear”, lo que, a su entender, ejemplifica el “modo Clavijo” de gobernar.
“Usted nos pide consensos para lo que usted piensa que son grandes temas, pero para lo de aquí usted lo convierte en portazos a este Parlamento”, ha recriminado al presidente, calificando la nueva norma como la “ley Clavijo”.
Ha arremetido contra la “barra libre de contratos” que, a su juicio, abre el texto y contra el “comisario político” —César Toledo, administrador general—, que habría puesto en marcha un “sistema de presión insoportable para los trabajadores y trabajadores”.
Fierro ha cuestionado la “urgencia” de la tramitación, ha criticado la “vinculación” del Ejecutivo con RTVC y la merma del “peso” del Parlamento, y ha recordado que el Consultivo advierte de la inconstitucionalidad de numerosos artículos y de que ello “compromete la neutralidad institucional”.
AHI: ACABAR CON UN RÉGIMEN TRANSITORIO
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha señalado que el proyecto de ley pretende corregir las “anomalías institucionales” en el control de RTVC, dado que el ente ha venido operando “en un régimen transitorio y provisional”.
Ha indicado que se persigue una “salida democrática” que garantice el “pluralismo político, social y también territorial, para reforzar la identidad canaria y para asegurar el derecho de la ciudadanía a una información que sea veraz y plural”.
Ha lamentado que haya sido “imposible” constituir el órgano de control parlamentario y ha opinado que la oposición hace un “flaco favor” a la plantilla de RTVC al supeditar el buen funcionamiento a la Junta de Control.
Melodie Mendoza (ASG) ha recalcado que RTVC no puede seguir instalada en la “provisionalidad” ni en la “excepción”, insistiendo en que la ley “no nace contra nadie” sino en favor de la “estabilidad”.
Ha criticado la “parálisis orgánica” y el “bloqueo” del ente en los últimos años y ha puesto en valor que el nuevo modelo de gobernanza “busca equilibrar eficacia, control democrático e independencia”. “No estamos ante una ley que concentre poder”, ha asegurado.
Ha añadido que se “blinda” el carácter público de los informativos y se ofrecen “garantías de continuidad laboral” a los trabajadores.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha sostenido que la finalidad de la ley es derogar la de 2014 para que el ente “dependa aún más del Gobierno de Canarias y CC”, y ha reprochado al Ejecutivo que no haya intentado “desbloquear” la situación en esta legislatura.
Jover ha alertado de que la Junta de Control y el administrador general pueden ser “susceptibles de presión política”, lo que “compromete” la independencia editorial y operativa, y ha criticado la falta de pluralidad en la programación de radio y televisión, así como el “despilfarro, con un aumento del presupuesto.
PP CRITICAS LAS “TRAMPAS” EN RTVE
Carlos Ester (PP) ha acusado a los socialistas de las “trampas” que, según ha dicho, se producen en RTVE, con “sesgo político” en los informativos, y frente a ello ha defendido que la nueva ley de RTVC aportará “orden y limpieza” ante las “deficiencias” de la norma de 2014, que obligaba a gestionar mediante decretos.
Ha rechazado las “mentiras” del PSOE al asegurar que sí existirá “control parlamentario” y ha presentado como aval del Ejecutivo la firma del convenio colectivo en la “Radio Canaria”.
Vidina Espino (CC) ha afirmado que la ley es imprescindible para poner fin al “bloqueo institucional” de la última década y a las medidas provisionales que han terminado por “cronificarse”, y ha reprochado a PSOE y NC-BC que votaran en contra de los miembros de la Junta de Control.
Ha detallado que el texto mantiene una mayoría reforzada de tres quintos en la primera votación para la designación de los miembros de ese órgano, y que, si no se alcanza, en una segunda votación podrán ser elegidos por mayoría absoluta, un esquema similar al del director general.
Asimismo, ha valorado que, por primera vez, se “blinda” el carácter público de los servicios informativos frente a las “falsedades” de PSOE y NC-BC, y ha expresado su voluntad de que la norma salga adelante con el mayor respaldo posible.
Espino ha criticado las “contradicciones” de PSOE y NC-BC cuando en la legislatura anterior “ampliar y ampliar las competencias” del administrador general, Francisco Moreno, era su práctica habitual, y ha ironizado con que durante el ‘Pacto de las Flores’ existía “teleRomán”.