El conflicto entre fabricantes y concesionarios de automóviles resucita en el Congreso un año después. El PDeCAT, partido que retomó este enfrentamiento soterrado durante una década, ha vuelto a registrar una enmienda en el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
El objetivo, reconocer el derecho a una indemnización en caso de extinción unilateral del contrato de concesión, sea contrato de distribución o de agencia, por clientela, por sus inversiones no amortizadas o por las indemnizaciones del personal contratado en el negocio.
Con la enmienda, a la que ha tenido acceso Demócrata, propone modificar la Ley 12/1992 sobre Contrato de agencia para añadir un nuevo apartado al artículo dedicado a la indemnización por clientela y reconocer las previsiones ahí contempladas a cualquier contrato relativo a la distribución de vehículos.
En caso de extinción unilateral del contrato –especifica la enmienda–, el agente, distribuidor o concesionario «tendrá derecho a una justa indemnización por el fondo de comercio, las inversiones no amortizadas para la ejecución desarrollo del contrato y las indemnizaciones relativas al personal laboral que trabajase para el agente, distribuidor o concesionario».
Remuneración media anual en 5 años
La regulación de indemnización por clientela reconoce el derecho a indemnización de un agente que haya aportado nuevos clientes o hubiese incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela anterior si su actividad pudiera continuar produciendo ventajas sustanciales y resultara procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, las comisiones que pierda u otras circunstancias.
El tope fijado a esta indemnización es el importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o todo el período de duración del contrato si éste fuera inferior.
«Establecer ciertas garantías»
En su justificación, el PDeCAT reivindica la necesidad de «establecer ciertas garantías» ante una situación de «desprotección» de los concesionarios: «La ausencia de reglas que fijen los derechos y obligaciones de ambas partes hace que, cuando el fabricante adopta resoluciones unilaterales de los contratos con sus redes, estos no tengan derecho a ningún tipo de indemnización», lamentan.
Explican que esta situación contrasta con la de otros actores de la cadena de valor, como los agentes de las redes secundarias, que sí están amparados por el régimen legal de agencia.
La formación catalana incide en el contexto de «excepcionalidad» al que se enfrenta el sector del automóvil por su necesidad de transformación, las crecientes dificultades tras la pandemia o la tendencia hacia una intensa reestructuración de sus redes.
Facilitar la reconversión y proteger empleo
El reconocimiento de indemnización, esgrimen, desincentivaría que esta transformación se traduzca en la destrucción innecesaria de puntos de venta al público con la consiguiente pérdida de empleo, evitaría cierres injustificados y generaría incentivos para limitar el cierre de concesionarios «al mínimo imprescindible». También evitaría la judicialización de estos procesos.
La enmienda, justifican, busca «generar un marco justo entre las partes», dotar de seguridad jurídica al sector, y reequilibrar las relaciones entre fabricantes y proveedores por un lado, y las pymes que realizan la venta al público por otro.
Argumentan que la recuperación de inversiones no amortizadas, además de dotar de seguridad jurídica, permitiría la reinversión de estas inversiones y reorientar la actividad, minimizando el impacto negativo que tiene el proceso de transformación en el sector automovilístico.
Enmienda en Crea y Crece
No es la primera vez que el PDeCAT trata de avanzar en esta regulación. Hace casi un año, en abril de 2022, registró una enmienda en el Congreso a la conocida como Ley Crea y Crece. Entonces planteaba el reconocimiento de una indemnización equivalente al margen medio anual obtenido en los últimos cinco años.
El mínimo de esta indemnización sería el 5% del volumen de ventas anuales del último ejercicio, más las indemnizaciones derivadas por incumplimientos contractuales, inversiones impuestas o pactadas no amortizadas y las indemnizaciones por despido del personal afectado por el cierre.
Durante la tramitación del proyecto, el PDeCAT retiró la enmienda, con el fin de propiciar el diálogo entre las patronales de los fabricantes y la distribución. Eso sí, su portavoz en el Congreso, Ferrán Bel, avisó de la posibilidad de presentar otra enmienda si en los próximos meses no se alcanzaba ningún acuerdo.
Una enmienda paralizada desde 2011
El derecho a indemnización, una reivindicación histórica en el sector, cuenta ya con un largo historial de conflictos en el Congreso, ya que fue aprobada a través de una enmienda impulsada por la oposición en contra del criterio del Gobierno, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.
La propuesta, aprobada con los votos del PP, la antigua Convergència i Uniò y el PNV en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, desató un conflicto entre fabricantes y concesionarios, al posibilitar la devolución en las mismas condiciones de los vehículos y piezas no vendidos, condición no contemplada en la nueva enmienda.
Para evitar su aplicación, el Ejecutivo la suspendió apenas unos días después, condicionando su puesta en marcha a la aprobación de una ley específica para los servicios de distribución comercial. Sin embargo, esta norma no llegó antes de la disolución de las Cortes Generales a finales de ese año.