El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este martes el Plan de Industria y Desarrollo Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que aprobó el Consejo de Ministros y que ha sido remitido a Bruselas para su evaluación. Con él, se incrementará el gasto militar al 2% del PIB en 2025. ¿Cuáles son las cifras concretas? ¿De dónde sale el dinero, cuánto, y a dónde irá destinado?
El propio Sánchez esbozó algunos de los datos, como por ejemplo, que el Plan estará dotado con 10.471 millones; al tiempo que aportó porcentajes aproximados. Sin embargo, el informe, ya publicado en la web de Moncloa, aterriza las cifras con mayor precisión y refleja más de 500 millones adicionales que se emplearán en devoluciones de créditos anteriores.
¿Cómo se distribuirá?
De los 10.471 millones de euros, 3.712,49 (35,45%) millones irán destinados a mejorar las condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas.
Otros 3.262,76 millones se invertirán en nuevas tecnologías de telecomunicaciones y ciberseguridad, lo que supone el 31,16%.
1.962,98 millones de euros, el 18,75%, se dedicará a la compra de defensa y disuasión, es decir, compra de armamento como tal. Esta partida es una de las que más fricciones genera entre el PSOE y su socio de Gobierno, Sumar, que se ha pronunciado en contra del Plan en su conjunto.
El 16,73%, esto son, 1.751,53 millones, se invertirán en apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales. Con ello, se pretenden reforzar las capacidades duales de las FFAA de manera que puedan ayudar de forma más rápida y efectiva en emergencias y desastres naturales tales como incendios o inundaciones. Se comprarán helicópteros de rescate, aviones cisterna, un buque hidrográfico y se adaptarán y modernizarán las infraestructuras de Defensa para agilizar la respuesta.
Se invertirá también en misiones en el exterior, en concreto, 328,74 millones (3,14%).
Estas cifras, sumadas, superan los 11.000 millones. ¿Por qué, entonces, el Plan contempla 10.471? Porque el Gobierno ha incluido una partida de ajustes y devoluciones de créditos para Programas Especiales de Modernización anteriores. Su valor es de 547,36 millones (-5,23%).
¿De dónde sale el dinero?
Pedro Sánchez aseguró que el Plan se financiará sin recortar “ni un céntimo” el Estado del Bienestar y sin subir impuestos. Explicó que el grueso de la financiación procedería de tres fuentes: reorientación de fondos Next Generation, ahorros generados y remanentes de los PGE 2023 que no han utilizado o no son necesarios.
El informe profundiza en el origen de la financiación, especificando las fuentes:
- Menores anualidades por aportaciones UE: 641,56 millones de euros.
- Incorporación de créditos no ejecutados de organismos autónomos del Ministerio de Defensa: 97,40 millones.
- Créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tienen reflejo en 2025: 1.744,89 millones.
- Créditos por menor previsión del pago de sentencias por reclamaciones patrimoniales: 103 millones.
- Generaciones de ingresos por servicios prestados por el Ministerio de Defensa: 632,47 millones.
- Menor necesidad de fondo de liquidez AATT por salida de las CCAA a los mercados, menores necesidades de amortización y mejor comportamiento del déficit público: 2.819,17 millones.
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 1.357 millones.
- Reintegros de préstamos concedidos en ejercicios anteriores por el Ministerio de Industria y créditos disponibles para nuevos préstamos: 1.680,83 millones.
- Fondo de Contingencia (salarios de FFAA, pensiones de FFAA): 1.395,10 millones.
¿Cuánto para las empresas españolas?
El 89% de los recursos financieros del Plan se invertirán en España y contribuirán a generar nuevas oportunidades, empresas y empleo en todas las Comunidades Autónomas del país a través de aquellos corredores industriales ya consolidados (como, por ejemplo, el aeroespacial en Madrid y Sevilla, el de helicópteros en Albacete, el de vehículos terrestres en Galicia y Asturias, o el naval en Galicia, Cartagena y Andalucía), otros en fase de consolidación (como el corredor de La Plata, que atraviesa el oeste peninsular por Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía), y nuevos hubs industriales-tecnológicos que se crearán en otras CC.AA.
El Plan contará con un despliegue territorial coordinado, que incentivará la descentralización industrial mediante financiación específica y que aplicará cláusulas de retorno regional en la contratación pública. También se fomentará la relocalización de fábricas dentro de nuestras fronteras y la integración de nuestros centros productivos en las cadenas de valor y de suministro europeas, mediante proyectos conjuntos y mecanismos de adquisición común.
Horizonte y arquitectura institucional
El Gobierno de España planea mantener la inversión en seguridad y defensa en el 2% del PIB “mientras dure la actual coyuntura internacional y hasta que la UE alcance los objetivos de autonomía industrial y seguridad recogidos en su Libro blanco de defensa”, recoge el informe.
Una pieza clave para proyectar esta continuidad de forma eficiente y ordenada serán los llamados Programas Especiales de Modernización (PEMs). El Plan contempla la puesta en marcha de 31 nuevos PEMs, que se unirán a los más de 50 en curso, y que movilizarán unos 3.807 millones de euros del total en su primer año, con una duración aproximada de, al menos, cinco años, hasta 2030.
Otros mecanismos que contribuirán a este despliegue de largo plazo serán el Plan Nacional de Ciberseguridad, los programas de financiación a consorcios empresariales y centros de investigación del CDTI, y las participaciones empresariales del Fondo de Seguridad y Defensa (FORES) para el fomento de empresas innovadoras.
El Plan se articulará en torno a entidades e instrumentos ya existentes para evitar el solapamiento institucional y maximizar la agilidad en la toma de decisiones. Su coordinación recaerá en un Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, un organismo de nueva creación, dependiente de Presidencia del Gobierno, que estará integrado por los principales ministerios sectoriales con competencias en materia de defensa, industria, digitalización y tecnología, y por aquellas agencias públicas que operan o financian proyectos tecnológicos (CDTI, SETT, SEPIDES, ICO, COFIDES, AEE, AEAD).
Su propósito será garantizar la correcta ejecución del Plan, la coordinación entre Administraciones y su alineamiento con la estrategia europea de seguridad y defensa.
El Comité contará a su vez con un Consejo Asesor compuesto por representantes de la industria, la academia, los centros de I+D, startups, inversores, fuerzas de seguridad y agentes sociales que se encargará de canalizar las necesidades y propuestas del sector.