Tres años después de su última reforma, y de nuevo tras una nueva ola de protestas en el campo, el Congreso volverá a tramitar una nueva modificación de la Ley de cadena alimentaria.
El Pleno de la Cámara Baja admitió a trámite este martes una proposición de ley de Esquerra Republicana para extender y endurecer la prohibición de la venta a pérdidas y contar con indicadores para definir los costes de producción.
La propuesta fue tomada en consideración sin ningún voto en contra. Votaron a favor el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.
El PP, Vox y UPN optaron por la abstención.
Todas las formaciones coincidieron, en mayor o menor medida, en la necesidad de modificar la normativa. Hasta Ricardo Chamorro, de Vox, reconoció compartir algunos de los cambios propuestos por ERC. Su homóloga del PP, Milagros Marcos, por el contrario, declaró estar «en las antípodas» de las recetas presentadas.
La reforma extiende y endurece la prohibición de la venta a pérdidas para asegurar su aplicación en el comercio y transformación de productos agroalimentarios, y la tipifica como infracción grave.
También regula la posición de dominio a partir de un 8% de la cuota de mercado y prevé indicadores para definir los costes de producción.
La portavoz de ERC ante la Comisión de Agricultura del Congreso, Teresa Jordà, defendió este último punto como punto de partida en cada negociación ante relaciones de poder en la cadena «extremadamente injustas y desiguales».
Otra medida planteada es la flexibilización del registro electrónico de contratos para permitir su aplicación en un plazo de tres meses desde la entrega de un producto en entregas continuadas o plazo de un mes si son entregas puntuales, y no antes de la entrega como está regulado actualmente.