Ha habido cierto acuerdo, pero no el que se esperaba. La Conferencia Sectorial de Infancia que se ha celebrado en Tenerife este miércoles ha concluido con el Partido Popular comprometiéndose a asumir la acogida de 347 menores migrantes no acompañados en el marco de un reparto voluntario; pero no se han acercado posturas sobre una posible reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, que era el gran objetivo.
La pretensión del Gobierno de alcanzar quorum ha chocado de frente con una estrategia en bloque del Partido Popular que ha desatascado esta acogida puntual, subrayando que es insuficiente para resolver la situación en Canarias, pero aplazando las conversaciones sobre la reforma de la ley de Extranjería.
Reparto provisional
El número de menores migrantes no acompañados que se ha acordado distribuir entre las comunidades autónomas son 347: Andalucía recibirá 30, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4.
¿Qué ofrece el Ejecutivo?
El Gobierno pretende establecer por ley un Plan de acción concreto para que el reparto sea obligatorio, no dependa de la voluntariedad de cada región, y existan unos protocolos determinados. Además, pretende concretarlo a la mayor celeridad posible, algo a lo que también urgió el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
La fórmula escogida es la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería. Moncloa remitió al Partido Popular un borrador, pero los de Alberto Núñez Feijóo lamentan tanto el fondo del texto como las formas, puesto que han afeado que se les haya enviado con tan poca antelación. De hecho, han solicitado tiempo para estudiar la propuesta en profundidad.
Moncloa remitió al Partido Popular un borrador, pero los de Alberto Núñez Feijóo lamentan tanto el fondo del texto como las formas.
El documento prevé introducir un nuevo artículo 35 bis en la ley de Extranjería con la finalidad de establecer un modelo que, de darse, se decrete la situación de contingencia. Concretamente, los socialistas han cifrado el número de plazas disponibles en Canarias en 2.000, y se determinaría la sobreocupación en caso de alcanzarse o superarse los 3.000. En los casos de Ceuta y Melilla, se disponen respectivamente 88 y 166 plazas, decretándose el escenario de emergencia al superarse los 132 y 249.
Tales niveles activarían los protocolos y sería el organismo competente de la Administración General del Estado el que decida la ubicación de las personas menores de edad no acompañadas en otros territorios.
El Plan contendría, en este sentido, un conjunto de criterios objetivos para ubicación entre las diferentes comunidades autónomas, y se regularía el mecanismo de derivación y los criterios para la determinación de plazas por CCAA.
En el propio borrador figura que el modelo de gestión será acordado en régimen de cooperación por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia atendiendo al principio de solidaridad, pero el concierto no se ha producido y habrá de esperar, al menos, a la siguiente cita -por determinar-. Incluso, se ha deslizado que sería necesario convocar una Conferencia de Presidentes para abordarlo.
Otro de los puntos conflictivos ha sido la financiación. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han pedido mayor concreción y garantías de que la acogida conlleve un apoyo económico sostenido en el tiempo.