El PP-A ha insistido en que el actual gerente de la sociedad que administra el estadio de La Cartuja de Sevilla, Daniel Oviedo, investigado en el “caso Supercopa”, “no es un cargo” del partido ni ha sido elegido por la Junta de Andalucía, sino que su designación corresponde al consejo de administración de dicha empresa.
En una comparecencia ante los medios, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha expresado en estos términos al ser cuestionado sobre si el Gobierno andaluz debería promover el cese de Oviedo, teniendo en cuenta que la presidencia del consejo de administración recae en Isabel Fernández, secretaria general de Deportes de la Consejería de Cultura y Deporte.
Tal y como se ha informado, la jueza que instruye el “caso Supercopa” ha llamado a declarar como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (Ecssa) y exsecretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y a Daniel Oviedo, por un supuesto beneficio ilícito vinculado a obras de reforma en el recinto deportivo.
Toni Martín ha remarcado que las decisiones sobre nombramientos y destituciones en la sociedad del estadio de La Cartuja dependen del consejo de administración y “no a una administración concreta”.
Ha detallado, además, que en dicho consejo de administración tienen representación Patrimonio del Estado, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial, órgano que “tendrá que tomar sus decisiones a partir de este momento”.
El portavoz popular ha rechazado las acusaciones lanzadas por los grupos de la oposición que sostienen que Daniel Oviedo es un “alto cargo” del Partido Popular: “No, este señor está nombrado por el consejo de administración y el día que lo cesen también será por el consejo de administración”.
En su opinión, corresponde al propio consejo de administración “analizar y tratar la situación y tomar las decisiones que considere oportunas, sea cual sea el porcentaje que cada uno tenga” en ese órgano.
Asimismo, ha asegurado que, por parte del Ejecutivo andaluz, “va a haber colaboración en todas esas investigaciones, que se esclarezca lo sucedido y que a partir de ahí, evidentemente, se delimiten las responsabilidades de lo que cada uno haya podido hacer”.