El PP de Madrid ha sostenido que la solicitud de la Fiscalía para archivar la causa contra la vicepresidenta de la Asamblea y exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, “desmonta” diez años de “insultos e injurias” por parte de PSOE y Más Madrid.
Así lo ha señalado la formación en un comunicado después de conocerse que la Fiscalía ha reclamado, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el sobreseimiento provisional del procedimiento al no quedar debidamente probada la presunta comisión de delitos de corrupción vinculados a varios contratos supuestamente irregulares de la etapa en la que Millán era concejal.
“Millán fue injustamente acusada desde hace 10 años por Más Madrid y PSOE por unos hechos que se han demostrado falsos”, ha recalcado el PP de Madrid, que subraya que el Ministerio Público asume ahora el mismo criterio que ya fijó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid “hace más de un año”.
Según los ‘populares’, los más de seis años de instrucción en el Juzgado de Navalcarnero han provocado en la también vicesecretaria de Organización del PP-M un “daño reputacional y personal innecesario”. A su juicio, el procedimiento se habría “mantenido artificialmente”, en especial desde su incorporación a la dirección regional del partido.
En la nota, el PP de Madrid dirige también la atención a la labor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), cuya investigación sobre nueve contratos no ha “encontrado irregularidades ni arbitrariedades” ni tampoco que “Ana Millán hubiese recibido ingresos injustificados al margen de su condición de concejal”.
“Resulta sorprendente que el propio Gobierno trate de impulsar una reforma legislativa que impediría que los partidos políticos ejerzan la acusación popular, mientras PSOE y Más Madrid lo que hacen es precisamente promover este tipo de acusaciones para utilizarlas políticamente contra sus adversarios, y a pesar de demostrarse falsas”, han reprochado desde el PP.
Para concluir, la formación ha pedido a la Justicia que se pronuncie “lo antes posible” con el fin de “evitar más daño innecesario”, y ha avisado de que, cuando el procedimiento quede “completamente cerrado tras años de insultos y calumnias”, tanto el PP de Madrid como la propia afectada se reservan “l derecho a cualquier acción judicial en defensa de la honorabilidad”.