QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tras reunir el apoyo de Vox y Junts –y la abstención del PNV—para enmendar la reforma laboral de Yolanda Díaz, el PP quiere llevar más lejos su apuesta para facilitar la contratación temporal en el campo.
Los ‘populares’ han enmendado el proyecto de ley de pérdidas y desperdicio alimentario para ampliar su ‘contrarreforma’ laboral en el campo, ahora en el Senado, que ultima su tramitación de esta iniciativa.
En el Congreso lograron especificar que, entre las situaciones ocasionales y previsibles, de duración reducida y delimitada que justifican un contrato temporal por circunstancias de la producción se encuentran las campañas agrarias.
Ahora, plantean que todas las empresas agroalimentarias puedan recurrir a la contratación temporal para cubrir sus campañas de temporada y que, además, tengan un mayor margen que el resto de sectores.
Así, amplían el tope máximo de 90 días que la reforma laboral dejó como límite para recurrir a estos contratos temporales ante determinadas circunstancias de producción, y proponen que este máximo sea de 120 días para explotaciones y empresas del sector agroalimentario.
La propuesta permitiría recurrir al contrato temporal para cubrir campañas de temporada en el sector agrícola, ganadero, forestal y la industria asociada a estos sectores, tal y como especifica la enmienda aprobada la semana pasada en el Senado.
Y es que la reforma ya está incorporada al proyecto de ley, que este miércoles se somete al examen del Pleno de la Cámara Alta antes de su envío de vuelta al Congreso, que tiene la última palabra sobre cualquier cambio legislativo.
Boquete en la reforma laboral
La reforma supone un duro golpe a la reforma laboral acordada en 2021 por Yolanda Díaz con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, y cuyo principal vector fueron las limitaciones para recurrir a los contratos temporales, con objeto de minimizar las situaciones de precariedad.
Esta medida fue especialmente contestada por el empresariado del sector agrario, que justificaba las circunstancias propias de su actividad como un elemento de distinción que justificaba esta fórmula contractual.
En todo caso, la reforma ya dejaba espacio para formalizar contratos temporales ante determinadas circunstancias de la producción. Por ejemplo, ante un incremento imprevisible de la actividad –con un máximo de seis meses—pero también ante situaciones ocasionales y previsibles, en cuyo caso las empresas sólo podrían utilizar este contrato un máximo de 90 días.
Y es justamente en estos últimos contratos donde el PP decidió especificar que las campañas agrarias entrarían dentro de estos supuestos.
No hay alternativa legislativa
Al aprobarse la primera modificación, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social asumieron la dificultad de articular una alternativa, ya que la propia enmienda demostraba la minoría parlamentaria a la hora de defender la reforma laboral.
Sin embargo, comprometieron una mayor vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo para asegurar que las explotaciones agrícolas no abusaban del contrato temporal, evitando la contratación de trabajadores como fijos discontinuos.
Este planteamiento quedaría en papel mojado de consolidarse el cambio que propone el Senado, ya que facilita un paraguas normativo al sector agroalimentario, al que se reconoce su especificidad al permitir un 30% más de margen para emplear contratos temporales.
Para llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE), al PP únicamente le bastará el apoyo de Vox y Junts, que ya apoyaron el primer cambio en el Congreso.
