La guerra en Ucrania se ha cronificado. El horizonte más próximo no invita al optimismo. El fin del conflicto bélico no se prevé cercano y, en consecuencia, el Partido Popular percute sobre el PSOE para pasar al siguiente estadio del discurso, de manera que España vaya “más allá del envío de armas”. Este miércoles el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados ha publicado dos proposiciones no de ley del Grupo Popular para la comisión de Exteriores, una para urgir al Gobierno a condenar los secuestros de niños ucranianos por parte de Rusia, exigir a Vladimir Putin el cese de los mismos y denunciarlo en todos los foros internacionales; y otra muy relacionada, para apremiar a Moncloa a impulsar la creación de un tribunal especial que juzgue los crímenes de guerra.
El PSOE no se ha pronunciado de momento sobre ninguna de las dos y desde el PP confirman que “no ha habido contactos” al respecto. No obstante, ambas podrían prosperar puesto que, según ha afirmado la diputada popular María Valentina Martínez Ferro en declaraciones a Demócrata, “es impepinable, veo difícil que alguien se oponga”. La también portavoz en la comisión de Asuntos Exteriores y miembro titular de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa abunda en que su formación está concentrando sus esfuerzos en que España homologue su postura a la del entorno europeo.
“Va más allá, no solo son los niños secuestrados. Hay que actualizar el discurso a Europa, que ya va más allá del envío de armas”, añade. Martínez Ferro considera que el Ejecutivo erró al no someter a votación del Congreso el envío de tanques Leopard porque se demuestra que “no lo hace el Gobierno, sino una parte de él, porque hay otra [Unidas Podemos] que se opone”. A su juicio, como la guerra “no parece que vaya a terminar”, debe haber un acuerdo entre los principales partidos, PP y PSOE, de mirada larga, que supere el mes de diciembre y las elecciones. “Existe la necesidad de que las decisiones no sean respaldadas solo por 120 diputados socialistas. Somos el principal partido de la oposición, posible Gobierno tras las elecciones y es importante de cara a Europa”.
Niños secuestrados por Rusia
La PNL del PP sobre el secuestro de niños y niñas consta de tres puntos. En primer lugar, se solicita al Ejecutivo “condenar enérgicamente las deportaciones forzosas que la Federación de Rusia ha llevado a cabo deliberadamente de menores ucranianos a territorio ruso y que se han perpetrado desde el pasado 24 de febrero de 2022”.
En segundo, “exigir a Rusia” el “cese de estas acciones, así como el respeto y cumplimiento de la Convención de Ginebra y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño”. Por último, abogan por denunciarlas “en todos los foros internacionales”, principalmente en Naciones Unidas.
En la exposición de motivos del texto, se recuerda que desde finales de febrero del año pasado numerosas investigaciones informes publicados por parte de observadores independientes en el conflicto como Amnistía Internacional o la agencia periodística Associated Press han denunciado el traslado forzoso de población civil ucraniana, especialmente de niños, deportados desde las zonas ocupadas a territorio ruso. Las palabras del viceprimer ministro de Rusia, Marat Khusnullin, tratando de justificarse más bien confirman los hechos. Dijo que eran “adopciones humanitarias”, admitiendo así que “varios miles” de menores fueron -y están siendo- trasladados a regiones Rusas y ahora “descansan en instituciones de acogida o campos para niños”.
«La deportación y el traslado forzoso de civiles, menores o no, en territorio ocupado están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad».
PP
La exposición de motivos también recoge que Amnistía Internacional reportó en su último informe que “Rusia ha acelerado el proceso para otorgar la ciudadanía a aquellos niños ucranianos que puedan ser adoptados por familias rusas, lo que supone una violación flagrante del derecho internacional, al no existir consentimiento por parte de los padres”. Así las cosas, resulta “evidente que la deportación y el traslado forzoso de civiles, menores o no, en territorio ocupado están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad”.
Un tribunal especial ad hoc
“Esta es la trágica realidad que puede esconder una campaña más amplia de limpieza étnica para una posible posterior repoblación con ciudadanos rusos. Esta deplorable táctica por parte de Rusia debe investigarse como crimen de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional ha decidido abrir una investigación a petición de Amnistía Internacional para exponer y enjuiciar a los responsables de estas atrocidades”, remacha la PNL. Se menta, de esta manera, la orden de detención dictada por el Tribunal Penal Internacional contra Putin, precisamente, por estas deportaciones forzosas.
La diputada del PP Martínez Ferro razona que es perfectamente compatible la orden de arresto de La Haya contra Putin con la articulación de un tribunal especial que juzgue crímenes de guerra porque “como Rusia no ha firmado la convención, parte de los crímenes podrían quedarse sin juzgar”. Esgrime la necesidad de “un nuevo Núremberg”, alegando además que “es lo que se está pidiendo en Europa y ya se ha debatido en varios países europeos”. En concreto, los parlamentos de Lituania, Ucrania, Estonia, Países Bajos, República Checa, Francia y Letonia, ya han adoptado resoluciones en apoyo a la creación de un tribunal internacional especial ad hoc.
En la exposición de motivos de la PNL relativa a la creación de un Tribunal especial, el PP destaca que la invasión rusa es la “mayor agresión bélica” a un estado territorio europeo desde 1945. La cifra de asesinados civiles en Ucrania ronda los 40.000, según fuentes militares ucranianas, además de que “los ciudadanos ucranianos están viviendo diariamente una situación de constante terror en todo el país debido a los ataques a todo tipo de infraestructuras civiles”. Ante la magnitud y gravedad del conflicto, continúa el PP, «es imperativo que los Estados de derecho democráticos que conforman la comunidad internacional sumemos esfuerzos para proporcionar una respuesta legal apropiada”.
En este sentido, precisan que el principal mandato del hipotético tribunal sería el de complementar el trabajo de la Corte Penal Internacional, sobre la base de un tratado multilateral entre Estados, con un respaldo suficiente de la ONU que le otorgue la jurisdicción necesaria para investigar y enjuiciar a altos dirigentes políticos y militares de la Federación de Rusia por el crimen de agresión contra Ucrania.
La PNL también pretende impulsar la creación de un “mecanismo internacional de compensación mediante el cual la Federación de Rusia responsa económicamente por los daños ocasionados a Ucrania”, así como “trabajar sobre la posibilidad jurídica de utilizar los activos soberanos del Estado ruso, de los oligarcas rusos y otras personas sancionadas por la agresión rusa, como reparación de las violaciones del Derecho Internacional cometidas por Rusia en Ucrania”.