Pese a tratar en un primer momento de levantar el veto de Hacienda, el PP ha desistido y ha registrado en el Senado una nueva propuesta para derogar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Pero, esta vez, con una disposición específica para prever la entrada en vigor de la iniciativa a partir del 1 de enero de 2024. De esta forma, no estaría afectando a los Presupuestos actualmente en vigor, y el Gobierno no tendría justificación para vetar la proposición de ley.
Y es que el Ejecutivo expresó su disconformidad con la tramitación de esta propuesta por impactar en más de 2.800 millones de euros en las cuentas públicas. Por un lado, rebajando la recaudación de la parte del tributo no cedida a las comunidades en 140 millones y, por otro, un aumento de gasto de 2.678 millones por la compensación prevista a estas administraciones por la pérdida de recaudación prevista.
Esta prerrogativa está reconocida en la Constitución, que habilita en su artículo 134.6 para emitir su disconformidad con la tramitación de toda iniciativa que suponga un aumento de gasto o minoración de ingresos.
Sin embargo, el PP trató de revertir el veto, solicitando a la Mesa del Senado rechazar el veto y permitir la continuidad de la iniciativa. Una decisión que estaba en su mano, ya que cuenta con el control de la Mesa.
En su solicitud, los ‘populares’ recordaban que el Tribunal Constitucional había tenido que “acotar” la prerrogativa para vetar iniciativas dada su “gran amplitud”, ya que, de una u otra forma “cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de suponer un incremento de gasto o una disminución de ingresos”, cita esta última extraída de una de las sentencias aludidas.
La jurisprudencia al respecto establece que el impacto presupuestario que justifica el veto debe referirse al presupuesto actual, y no a presupuestos futuros aún no elaborados ni sometidos al proceso de aprobación reglado.
El PP esgrimía que, por tiempos parlamentarios, y al no haber solicitado su tramitación de urgencia, no entraría en vigor antes de 2024. Sin embargo, ha optado finalmente por reformularla e incluir una disposición concreta al respecto.
La rebaja de IVA en las peluquerías, a examen
La derogación de este impuesto fue una de las primeras iniciativas registradas por el PP en el Senado, junto a otra proposición de ley para rebajar el IVA aplicado a los servicios de peluquería, barbería y estética del 21% actual al 10%.
El Gobierno también trasladó su disconformidad a la tramitación de la iniciativa, que, esta sí, recogía una previsión de entrada en vigor para el próximo ejercicio.
En este caso, la Mesa del Senado rechazó admitir a trámite el veto del Gobierno, justificándolo precisamente en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional al respecto.
El PSOE alegó que, teniendo en cuenta la situación política de falta de Gobierno, las pocas posibilidades de aprobar unas nuevas cuentas antes del próximo 1 de enero, por lo que la iniciativa sí afectaría a los Presupuestos actuales, que estarían prorrogadas. Finalmente, el PP hizo valer su mayoría para rechazar el veto, por lo que la iniciativa continuará su tramitación en la Cámara Alta, con la previsión de someterla a votación ante el Pleno de la próxima semana. Si no hay investidura y el Pleno finalmente se celebra, el PP cuenta con mayoría suficiente para tomarla en consideración, con lo que la iniciativa pasaría a tramitarse en el Congreso.